La reciente muerte del líder narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes detonó una aguda crisis de seguridad en México que encendió las alarmas de cara a la organización del Mundial de Fútbol 2026. Los enfrentamientos armados iniciados en el estado de Jalisco generaron cuestionamientos sobre las garantías que ofrecerá el país anfitrión para el desarrollo del certamen que compartirá con Estados Unidos y Canadá.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, intentó calmar la incertidumbre y aseguró que no existe "ningún riesgo" para los visitantes durante la cita planetaria. Sin embargo, diversos reportes internacionales indicaron que la FIFA solicitó informes detallados sobre la contingencia policial que atraviesa la región.
El clima de tensión impactó de inmediato en el calendario deportivo más próximo. La selección de Bolivia, que disputará la repesca intercontinental en el mes de marzo en la ciudad de Monterrey, anunció que enviará una carta formal al ente rector del fútbol mundial para exigir un incremento drástico en las medidas de resguardo para su delegación.
Esta situación recordó episodios históricos donde el orden público condicionó torneos de élite. En 2001, Colombia albergó la Copa América en medio de los diálogos de paz con las FARC, torneo del que se restaron Argentina y Canadá. Más recientemente, en 2019, el estallido social en Chile obligó a trasladar la final de la Copa Libertadores desde Santiago a Lima.
Asimismo, la violencia protagonizada por hinchas de River Plate en 2018 forzó a la Conmebol a llevar la definición del torneo continental contra Boca Juniors a la ciudad de Madrid, evidenciando cómo las crisis de seguridad externas modifican permanentemente la logística del deporte de alto rendimiento.