El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró este miércoles que las ayudas sociales establecidas por ley no sufrirán interrupciones, en medio de la creciente controversia por la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugieren recortes y la "descontinuación" de diversos programas.
La polémica se intensificó tras conocerse instrucciones que sugerían una reducción del 15% en el financiamiento de prestaciones sensibles a partir de 2027.
Entre los programas afectados se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono de Invierno, el Subsidio Único Familiar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuares).
"Quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto", afirmó Quiroz tras participar en una reunión de la junta de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en Las Condes.
En otra actividad pública, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, garantizó que, "más allá de los oficios de Dipres con recomendaciones de revisar programas o reducir presupuestos, todo beneficio por ley, como la PGU, no se va a cortar".
No obstante, el secretario de Estado aclaró que, "si encontramos, por ejemplo, que hay un grupo de beneficiarios que no cumple los requisitos, claro, a esas personas tú sí le puedes interrumpir el beneficio".
A su vez, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, criticó que, "lamentablemente, hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con información que no corresponde".
Respecto a la reducción en el presupuesto de los ajuares para recién nacidos, la vocera explicó que "ha bajado la natalidad" y, por lo tanto, "no hay tanta demanda de esos ajuares".
"La producción mensual son de 10.000 ajuares. La demanda en el 2025 de ellos fueron aproximadamente de 7.800. Estamos produciendo más" de lo que se solicita, justificó Sedini.
Cuestionamientos de Marcel: "Algunas cosas son difíciles de entender"
En paralelo, y en el marco de una clase magistral en la inauguración del año académico de la Universidad de Talca, el exministro Mario Marcel, titular de Hacienda bajo el Gobierno de Gabriel Boric, manifestó su extrañeza ante las directrices de la actual Administración.
"Algunas cosas son difíciles de entender, porque, si hay una ley que dice que cierto conjunto de personas tienen derecho a la PGU y que la PGU tiene un valor determinado, no se entiende cómo eso se podría reducir en un 15%, como se señala en estas instrucciones. Eso espero que las autoridades lo puedan explicar mejor", declaró el también expresidente del Banco Central.
Marcel apuntó que, "si uno habla de discontinuar y al mismo tiempo dice que tiene que recortar 6.000 millones de dólares de gasto público, bueno, es difícil interpretarlo de una manera no radical".
"Los últimos días hemos visto autoridades argumentando que en realidad no se trata de recortar, sino que de mejorar las cosas. Yo me alegro que lo expliquen así, porque así es como yo lo expliqué durante muchos años y me encontraba con una oposición que decía: 'No, es que lo que hay que hacer es cortar'", recordó.
"Están desmantelando la protección social"
Mientras el debate se intensifica, un grupo de diputados del Frente Amplio (FA) llegó hoy al Ministerio de Hacienda para solicitar que se trasparenten todos los decretos de modificación presupuestaria ya firmados para 2026, de los cuales solo se han conocido dos: el de Cultura y el de Desarrollo Social.
Uno de los legisladores, Ignacio Achurra, advirtió que lo conocido hasta ahora es solo "la punta del iceberg" y que "hay otros 22 decretos que no conocemos".
A su vez, el senador DC Iván Flores planteó: "Rebajar en 7 mil millones el Fondo de Tierras y Agua de las Comunidades Indígenas; rebajar en 1.800 millones de pesos al Senadis, (afectando) al 20% de la población chilena que tiene una discapacidad, o al Fondo de los Adultos Mayores de Senama es un golpe brutal. ¿Por qué no dicen la verdad? Están desmantelando el sistema de protección social".
Mientras, el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) manifestó que "esto hace, además, que no sea posible confiar en la palabra del Presidente".
Por su parte, el senador socialista Gastón Saavedra relevó que "2,2 millones de chilenos tienen un mejor pasar producto de la PGU. Que el ministro (Quiroz) señale en sus instructivos que haya un recorte del 15% me parece vejatorio. Por tanto, no queda más que salga del Ministerio de Hacienda".
"Ante un ministro que desconoce el Chile real, no me queda más que rechazar todas sus medidas. No puede estar tomando decisiones que perjudican a los chilenos. Que dé un paso al costado", sentenció el opositor.
Desde La Araucanía, donde el Presidente Kast fue recibido con protestas en contra de los recortes, el diputado PPD José Montalva -que presenció dicha escena- comentó: "Creo que es normal que, cuando se dan mensajes que no son claros, la gente se ponga nerviosa y aproveche estos espacios para manifestar su preocupación".
"Creo que lo que hizo el Presidente, el poder conversar con las personas y darles explicaciones, también es positivo. El tema es que hay que dar mucha explicación, y hoy pareciera que el Gobierno está dando más explicación que gobernar, y eso no le hace bien al país", aseguró.
Oficialismo también exige transparencia
No obstante, los cuestionamientos también surgen en el propio oficialismo: "La promesa de campaña fue clara: no se iba a a recortar el gasto social. Si existen eliminaciones de partidas o disminuciones de recursos, es fundamental que el Gobierno explique con total transparencia las razones", emplazó el subjefe de la bancada de diputados RN, Eduardo Durán.
"Lo que no puede pasar es que afectemos a gente de menos recursos, y en este sentido, el Gobierno también tiene que ordenarse comunicacionalmente, y definir de una vez por todas qué programas o proyectos se van a recortar. No se puede seguir con mensajes contradictorios", subrayó el parlamentario.
Coincidió con Durán la diputada UDI Flor Weisse, integrante de la Comisión de Hacienda, apuntando que "el Gobierno debe explicar muy bien a qué obedece la revisión de estos programas, y que en ningún caso significa reducción de beneficios sociales", pues aseguró que en el gremialismo "no estamos de acuerdo con que ello ocurra".
En contraste, el vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), defendió la necesidad de evaluar el gasto público, e instó a los más críticos a que "dejen de interpretar las cosas en forma engañosa".
"No se trata de estar en contra de los programas sociales; se trata de que funcionen. Muchas de estas son solo sugerencias y es razonable evaluar, corregir o eliminar derechamente lo que corresponda cuando no hay resultados", agregó.
