Tras dos décadas de debates, la política chilena logró acordar y aprobar una reforma estructural al sistema de pensiones, por primera vez desde que éste fuera creado en 1980 por el entonces ministro de Trabajo y Previsión Social de la dictadura, José Piñera.
El consenso alcanzado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric con la mayoría de las fuerzas representadas en el Congreso -particularmente, con Chile Vamos-, estuvo precedido por una serie de acercamientos e intentos fallidos en administraciones anteriores.
Al comenzar su primer mandato en 2006, la expresidenta Michelle Bachelet dispuso la creación del primer Consejo Asesor para una reforma de este tipo, conocido como comisión Marcel en honor a su presidente, el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Una de las recomendaciones de dicha instancia fue que se estableciera un Pilar Solidario, para complementar las jubilaciones de la población más vulnerable, la cual fue recogida por la Mandataria, y una vez aprobado en el Congreso, entró en vigencia en 2008.
Casi 10 años después del informe de la comisión Marcel, un nuevo Consejo Asesor en torno a pensiones -también empleado por Bachelet, en su segundo mandato-, ésta vez a cargo del economista David Bravo, entregó sus conclusiones al gobierno en 2015.
Unas semanas antes de que el Ejecutivo de la época presentara su proyecto de reforma de pensiones en 2016, se produjo a fines de julio la primera y multitudinaria protesta del movimiento No+AFP, que en los años siguientes presionó al Estado para sustituir la estructura vigente por un sistema de reparto.
A falta de apoyos, la propuesta de Bachelet II no prosperó en el Parlamento, pero en 2019, el descontento de la población por las bajas jubilaciones, entre otras materias, derivó en el estallido social, que impulsó al entonces Presidente Sebastián Piñera a ingresar un nuevo proyecto de reforma previsional.
Los años post-estallido
La tramitación de esta iniciativa tampoco tuvo buen resultado en el Congreso, complicado por la contingencia de la pandemia, la que a su vez, llevó a un acuerdo parlamentario casi transversal para despachar a ley tres retiros de fondos de pensiones, para ayudar a los más afectados por el Covid-19.
Sin embargo, Piñera II sí logró aprobar una iniciativa asociada con la demanda por mejores jubilaciones: la Pensión Garantizada Universal (PGU), que comenzó a pagarse en febrero de 2022.
Este era el escenario en el momento en que el Presidente Boric asumió el cargo, y después de mucha expectación, presentó a los legisladores su propia reforma de pensiones a fines de octubre de ese año, considerada "refundacional" por varios expertos en primera instancia.
Por ende, desde entonces, su contenido sufrió una serie de cambios para asegurar un acuerdo con la oposición, y lo consiguió en el Senado en agosto de 2024, con el fin de sacar el proyecto del Congreso, a más tardar, en enero de 2025.
Al filo del plazo, la Administración Boric logró su objetivo, y además obtuvo la aprobación de casi todas las bancadas en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El contenido de la futura ley
La norma beneficiará a cerca de 2,8 millones de jubilados, con aumentos de sus pensiones de entre un 14% y un 35%. Entre otros puntos, propone incrementar la pensión básica universal de 214.000 hasta 253.000 pesos, y subir de manera gradual la cotización del 10% actual al 17%, a cargo del empleador.
Los empresarios pasarán a pagar entonces el 7% adicional de cotización, más el 1,5% que actualmente pagan en concepto de seguros por invalidez, que se repartirá entre las cuentas de capitalización individual (4,5%), un nuevo seguro social (2,5%) y una especie de préstamo de los trabajadores al Estado (1,5%) que se les devolverá con intereses cuando se jubilen.
