Los talibanes calificaron las acusaciones como "infundadas" y "políticamente motivadas".
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los jueces la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.
El fiscal aseguró tener "motivos razonables" para considerar a ambos "penalmente responsables" de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021 por perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como "no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género", o "como aliadas de niñas y mujeres".
"Esta persecución en curso conlleva numerosas y graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libertad de circulación y de expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión", denunció Khan.
Además, el fiscal subrayó que la resistencia u oposición percibida a los talibanes "fue, y es, brutalmente reprimida mediante la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos".
Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán, aunque asegura que "próximamente presentará más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes".
Entre las pruebas con las que cuenta su oficina, hay material audiovisual, decretos oficiales, informes forenses, así como testimonios de expertos y testigos, y declaraciones de los propios sospechosos y otros representantes de los talibanes.
"Estas solicitudes reconocen que las mujeres y las niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción indica que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las sobrevivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia", advirtió el fiscal.
A finales de noviembre, Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México mostraron su "preocupación por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente para mujeres y niñas" y pidieron al fiscal considerar "los crímenes contra mujeres y niñas" cometidos por los talibanes. Khan les aseguró que la persecución de género ya está incluida en su investigación y les prometió anunciar resultados "pronto".
"La interpretación de la sharia por parte de los talibanes no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma (tratado de la CPI)", alertó este jueves, a la espera de que los jueces autoricen las órdenes de arresto contra los líderes talibanes.
El Gobierno de facto de los talibanes rechazó este viernes con vehemencia las órdenes de arresto solicitadas y calificaron las acusaciones de la CPI como "infundadas" y "políticamente motivadas", y acusaron a la corte de "mala conducta".
En respuesta, a través de una declaración publicada en su cuenta oficial de X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes condenó la acción de la CPI.
"Una orden de arresto solicitada por un 'fiscal' de la supuesta 'corte' para el líder del Emirato Islámico de Afganistán, el estimado Amir-ul-Mu'mineen (que traduce Príncipe de los Creyentes, usada para referirse al líder supremo) y el honorable presidente del Tribunal Supremo , Sheikh Abdul Hakim Haqqani, es similar a muchas otras decisiones de esta institución, y está desprovista de una base legal justa, es de naturaleza dúplice y está políticamente motivada", indicó.
En la declaración, el régimen de los talibanes consideró "lamentable que se estén lanzando acusaciones tan infundadas contra los honorables líderes del Emirato Islámico en un momento en que Afganistán goza de paz en todo el país, su gente ha respirado aliviada", aseguró.
Con esto, el Gobierno de facto de Afganistán se refiere al fin de "las prisiones privadas, los secuestros, las islas de poder y muchas otras miserias y actividades inhumanas" que asegura estuvieron presentes en la vida del país durante el Gobierno depuesto por los fundamentalistas en agosto de 2021, y la presencia de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN.
"Lamentablemente, esta institución había hecho la vista gorda ante los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas extranjeras y sus aliados durante sus 20 años de ocupación de Afganistán", reclamaron en la declaración.
La solicitud de las órdenes de arresto "erosiona aún más la credibilidad ya inexistente" de la CPI, sostuvo el gobierno integrista que pide en cambio "poner fin a los intentos de imponer una interpretación específica de los derechos humanos en todo el mundo".
