La legislación, publicada en el Boletín Oficial el último día del plazo fijado, establece un nuevo régimen de pensiones y refuerza la asistencia al sector.
El decreto declara la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026.
El Gobierno argentino reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el fallo judicial que le obliga a levantar el veto sobre una norma, que supone garantizar la financiación adecuada de las pensiones con discapacidad y el fortalecimiento de la asistencia para ese sector.
La norma fue aprobada en julio del pasado años por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto presidencial. Aunque el Parlamento rechazó ese veto en septiembre, el gobierno decidió no aplicarla con el argumento de que el texto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector.
La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el Ejecutivo.
Ya en enero de este año, el juzgado volvió a fallar a favor el cumplimiento de la ley y puso como plazo máximo para su implementación este 4 de febrero.
En la fecha límite que dispuso la Justicia, el Gobierno reglamentó la ley mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, aunque aclaró en el texto que lo hizo "sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos".
La ley declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año, y establece un nuevo régimen de pensiones para el sector.
