El Parlamento de Argentina rechazó este jueves el veto del presidente, Javier Milei, a una ley que declara la emergencia en discapacidad y obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia, un hecho inédito en el país en 22 años.
Por amplia mayoría -63 votos a favor y siete en contra-, el Senado revirtió en esta jornada el veto de Milei a esa norma, después de que la Cámara de Diputados diera luz verde a esta moción de rechazo el pasado 20 de agosto, por lo que deberá entrar en vigencia.
La ley, que obliga al gobierno trasandino a garantizar la financiación adecuada de las pensiones con discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector, fue aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio, y vetada a través de un decreto presidencial el 2 de agosto.
Tal documento argumentaba que su aplicación conspira contra el objetivo del equilibrio en las cuentas públicas, ya que según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tiene un costo fiscal de entre el 0,28% y el 0,51% del PIB.
"Este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, el proyecto de ley es ley, y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación", indicó el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala.
Alejandra Vigo, senadora del bloque opositor Unión Federal por la provincia de Córdoba, consideró "inhumano" el veto de Milei, y expresó que la iniciativa tenía que "ser ley, no solamente por los discapacitados, sino por toda la sociedad".
Debido al severo ajuste aplicado por el gobierno de Milei, los discapacitados han sufrido recortes en la asistencia que necesitan, mientras que algo más de 100.000 sufrieron la cancelación de sus pensiones en las últimas semanas.
Escándalo de corrupción
Durante el debate, numerosos senadores se explayaron sobre el escándalo de corrupción que se desató el pasado 20 de agosto, a partir de la difusión de audios que detallaban un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) e involucran de manera directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La hermana del presidente quedó en la mira en los últimos días tras haber sido señalada como una de las beneficiarias de la presunta trama, que involucra a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y, según los audios, se habría producido con conocimiento del mandatario.
Tras la presentación de una denuncia penal contra el presidente, su hermana y otros involucrados, la Justicia comenzó a investigar el caso y llevó a cabo una serie de allanamientos.
La senadora peronista Juliana di Tullio resaltó que son las personas con discapacidad "las que le están poniendo un freno a este Gobierno y al presidente Javier Milei".
Guadalupe Tagliaferri (Propuesta Republicana) explicó que la discapacidad no es un problema privado, sino que del Estado, y afirmó: "Cuando me pregunten de donde sale la plata para financiar esta ley, les voy a contestar que sale del sobreprecio y la coima".
Amenaza de "judicialización"
El presidente, quien ha vetado otras iniciativas similares, como el aumento de emergencia del 7,2% de las jubilaciones, amenazó con judicializar el asunto.
"Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado", advirtió Milei.
La última vez que el Parlamento argentino revirtió un veto presidencial fue el 12 de marzo de 2003, hace 22 años, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde (2002-2003).
