Juez relator declaró a Bolsonaro culpable de atentar contra el régimen democrático

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Autor: Cooperativa.cl

Alexandre de Moraes -primero de los cinco miembros del Tribunal Supremo en votar- dio por probado que existió un plan para asesinar a Lula e instalar una dictadura en Brasil.

Señaló al ultraderechista como líder de una "organización criminal" que operó desde mediados de 2021 hasta el asalto a los tres poderes, a inicios de 2023.

El magnicidio sería ejecutado por seis oficiales "con armamento pesado del Ejército brasileño".

Juez relator declaró a Bolsonaro culpable de atentar contra el régimen democrático
 EFE (Archivo)

La discusión de la causa y de las sentencias en el Tribunal Supremo de Brasil se prolongará, se prevé, hasta el viernes.

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El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, lo declaró este martes culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático.

El magistrado -el primero en votar en el juicio- estimó que el líder ultraderechista intentó instalar una "dictadura" tras ser derrotado en las urnas, en 2022, por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

De Moraes afirmó que Bolsonaro lideró una "organización criminal" que realizó diversos actos para consumar un golpe y "perpetuarse en el poder".

Durante cinco horas, hizo un pormenorizado relato de la durísima campaña que Bolsonaro emprendió en junio de 2021 con el fin de sembrar dudas en el sistema electoral y generar una corriente de opinión que alertaba sobre posibles fraudes en los comicios de 2022.

Esta trama, "bajo el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro", operó hasta el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Lula, quien había asumido una semana antes.

Según el magistrado, la supuesta organización actuó mediante "la división de tareas" y de "forma permanente y jerarquizada" para poner en práctica "varios actos" con la finalidad de "consumar" un golpe.

El juez también se mostró convencido de la culpabilidad de otros siete reos juzgados junto con Bolsonaro, entre los cuales figuran exministros y antiguos jefes militares, lo cual aún será debatido con los otros cuatro miembros del tribunal.

El relator no llegó a proponer penas, que podrían sumar unos 40 años de prisión y serán discutidas durante el resto de la semana.

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil -órgano colegiado de cinco jueces- programó sesiones diarias hasta el viernes para dictar sentencia.

Plan "ampliamente comprobado" para asesinar a Lula

De Moraes -objeto de sanciones por parte el Gobierno de Donald Trump, por considerar que promueve una "caza de brujas" contra Bolsonaro- acogió en su totalidad los cargos formulados por la Fiscalía General, que acusa al exmandatario y los otros reos de cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

El juez enumeró "trece actos" en los que la trama golpista fue subiendo el tono de sus "graves amenazas", y poniendo en práctica un presunto plan para revertir la derrota electoral de Bolsonaro.

El relator comenzó su exposición con un detallado relato de las investigaciones y las acusaciones formuladas por la Fiscalía. De acuerdo a los autos del proceso, dados por válidos por Moraes, los golpistas incluso tejieron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y él mismo; que en esa época era presidente del Tribunal Superior Electoral, órgano encargado de organizar las elecciones en Brasil.

"Ese plan está ampliamente comprobado en los autos. Hay un exceso de pruebas", dijo el relator.

Según la Fiscalía, el plan se denominó "Puñal Verde y Amarillo" y los crímenes que serían ejecutados por seis oficiales "con armamento pesado del Ejército brasileño".

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Alexandre de Moraes está sancionado por Donald Trump su "caza de brujas" contra Bolsonaro. Señala que él mismo figuraba en los planes asesinos de los golpistas. (Foto: EFE)

La existencia de ese plan fue confirmada en la fase de instrucción por el general retirado del Ejército Mário Fernandes, quien fue miembro de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y confesó ser el autor del mismo.

La investigación indicó que el antiguo asesor de Bolsonaro, también imputado, imprimió el documento con la operación para cometer el magnicidio en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, y posteriormente se dirigió al Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en noviembre de 2022, cuando Bolsonaro era aún presidente.

"El plan no se imprimió en una caverna, en una sala de terroristas, fue impreso en el Palacio de Planalto, en la sede del Gobierno", expresó De Moraes.

Según la Fiscalía, Bolsonaro tuvo conocimiento y avaló el plan para asesinar a Lula.

Réplica a las defensas

Sobre algunas alegaciones de las defensas, según las cuales el delito de golpe de Estado se confunde con la acusación de intento de abolir la democracia, el relator puntualizó las diferencias que existen a su juicio.

De Moraes dijo que una acusación se refiere a impedir la actuación de los poderes establecidos, que en el caso que se juzga fue plasmada en el borrador de un decreto obtenido en la investigación que ordenaba la anulación de las elecciones y una intervención en el Poder Judicial.

El segundo caso, según De Moraes, trata sobre la conspiración supuestamente urdida para impedir la asunción del Gobierno surgido de la urnas o llegar al extremo de intentar promover un golpe una vez que asumió, como sostiene que ocurrió el 8 de enero de 2023.

Este punto es clave para algunas defensas, que intentan disminuir las posibles penas, con el argumento de que esas dos acusaciones se refieren al mismo supuesto delito.

El togado también rechazó las supuestas "manipulaciones" de pruebas denunciadas por las defensas de algunos de los reos, así como que se hubiera restringido el derecho a la defensa o el acceso al material probatorio.

Según el relator, todos los abogados han tenido un pleno acceso a la documentación producida por la investigación de la Policía Federal y el tribunal ha respetado en toda su plenitud el debido proceso, con amplias garantías para las defensas. 

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