El mandatario aseveró que el país afronta "actos de terrorismo disfrazados" de movilizaciones sociales.
Mientras, organizaciones indígenas denuncian el bloqueo de sus cuentas bancarias y la censura de su canal de televisión.
La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por el delito de terrorismo debido a su presunta participación en los ataques violentos a un destacamento policial en Otavalo, en la provincia andina de Imbabura.
La localidad se convirtió en el epicentro de las protestas indígenas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa.
Todos ingresaron a prisión menos una mujer a la que se le impusieron medidas alternativas, indicó este miércoles la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
#ATENCIÓN| #Pichincha: #FiscalíaEc procesa penalmente a 13 personas por el delito de #Terrorismo. Estarían involucradas en el ataque violento contra las edificaciones del Comando y de la Policía Judicial en #Otavalo.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 24, 2025
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El pasado lunes, alrededor de un millar de personas atacaron en Otavalo un destacamento policial, dañaron su infraestructura y quemaron vehículos policiales y particulares, según informó la Policía Nacional.
Según las primeras investigaciones compartidas por la Fiscalía, los autores irrumpieron en las oficinas, rompieron el portón de ingreso, sustrajeron documentos e incendiaron más de 10 vehículos.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Publico presentó pruebas para demostrar que dos agentes policiales fueron agredidos con piedras y que fueron ellos quienes identificaron a los ahora procesados.
También se señaló a los detenidos de portar explosivos artesanales, bombas molotov y escudos metálicos.
Los primeros cálculos de criminalística determinaron que las pérdidas materiales de la quema de los vehículos superaría los 125.000 dólares.
Entre los arrestados ese día se encontraban dos ciudadanos venezolanos acusados de acceder al país andino de manera irregular, y presuntamente integrantes del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, catalogado por Ecuador como "terrorista", como detalló el ministro del Interior, John Reimberg.
Noboa informó este miércoles de la detención de otros cuatro venezolanos, que supuestamente robaron un camión con 50 cilindros de gas de uso doméstico, con los que el Gobierno presume que iban a perpetrar atentados en el marco de las protestas indígenas.
El presidente avanzó que también se juzgará por terrorismo a los cuatro venezolanos detenidos el martes en la provincia andina de Chimborazo.
En un acto público de entrega de incentivos sociales a la población en Imbabura, Noboa aseguró este miércoles que su país enfrenta "actos de terrorismo disfrazados de protesta" y asevero que "Ecuador no retrocede ante terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos".
Anotó que las protestas actuales "no son reclamos sociales; son ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país".
El movimiento indígena ya lideró marchas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles en 2019 y 2022, con las que provocó que los presidentes de turno (Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente) diesen marcha atrás en la medida para evitar una mayor escalada de violencia.
Esta vez, Noboa recalcó que su Gobierno era más fuerte, que no reculará como los presidentes anteriores y que prefiere "morir" antes que ceder.
La Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país y que lidera el paro nacional que convocó contra el Gobierno, denunció el bloqueo de cuentas bancarias de la entidad y acusó a la Superintendencia de Bancos de, presuntamente, actuar bajo órdenes directas del Gobierno de Noboa.
En un comunicado, la Conaie informó que los bloqueos afectaron de manera arbitraria a líderes, dirigentes, colaboradores, a la cuenta propia de la Conaie y a la del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), una de las filiales más activas y fuertes del movimiento indígena nacional.
"Rechazamos de manera categórica estas acciones que se realizan sin investigación previa, sin orden judicial, sin debido proceso, lo que constituye una violación flagrante a los derechos fundamentales, al derecho a la defensa y a la seguridad jurídica", compartieron en el escrito.
Además, hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo, a organismos internacionales de derechos humanos y a la ciudadanía a pronunciarse sobre este bloqueo, que consideran que busca asfixiar a la entidad, limitar su acción política y quebrar el derecho a la resistencia reconocido en la Constitución.
La semana pasada, la organización ya denunció el bloqueo de cuentas de líderes indígenas, después de que anunciara la convocatoria de paro nacional en el país en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
En la misma línea, el MICC denunció en un comunicado la suspensión arbitraria de la señal de televisión, TV MICC, un canal local y comunitario; y tachó esta presunta acción de ser "un acto de censura directa", contrario al derecho constitucional de libertad de expresión, comunicación y resistencia.
La organización señaló a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones de estar detrás de la suspensión de la señal de televisión y exigió su restitución inmediata y el cese de prácticas autoritarias.
"Arcotel (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) resolvió suspender las emisiones del canal comunitario TV MICC (canal 47 UHF) en Latacunga, Salcedo, Ambato, Cevallos, Quero, Pelileo, Pillaro y Tisaleo, amparándose en el supuesto de "precautelar el orden público a la seguridad nacional", expuso el MICC en un comunicado.
