La Corte Penal Internacional (CPI) denunció que la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para sancionar a sus funcionarios busca "socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas" las investigaciones abiertas, y estas "amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques" contra los países miembros.
La jueza Tomoko Akane, presidenta de la CPI, también rechazó "firmemente cualquier intento de influir en la independencia y la imparcialidad" de la Corte, así como de "politizar" su función judicial, y lamentó que las sanciones busquen "privar de justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades" en todo el mundo.
"Siempre hemos cumplido y seguiremos cumpliendo únicamente con la ley, bajo cualquier circunstancia", advirtió.
La decisión de Trump, que contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a EEUU a funcionarios de la CPI y sus familiares inmediatos (pareja e hijos), es una respuesta a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.
Al firmar su orden ejecutiva el jueves, Trump subrayó que la CPI ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra EEUU" e Israel, definido como un "aliado estrecho", y ha "abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas" contra las autoridades israelíes.
"Mientras las atrocidades siguen asolando el mundo y afectando la vida de millones de niños, mujeres y hombres inocentes, la Corte se ha vuelto indispensable. Representa el legado más significativo del inmenso sufrimiento infligido a civiles por las guerras mundiales, el Holocausto, los genocidios, la violencia y las persecuciones", remarcó Akane.
La CPI -subrayó- está llevando a cabo procedimientos derivados de diversas investigaciones en todo el mundo, en "estricto cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Roma", el tratado fundacional del tribunal, que le da jurisdicción para juzgar a los más altos responsables de los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión estatal.
"La orden ejecutiva anunciada es sólo el último de una serie de ataques sin precedentes y en aumento que buscan socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas las situaciones. Tales amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques contra los Estados Parte de la Corte, el orden internacional basado en el Estado de derecho y millones de víctimas", lamentó la presidenta del tribunal con sede en La Haya.
En este sentido, recordó que la CPI y sus funcionarios "cumplen diariamente con su mandato judicial de determinar si ciertas conductas individuales, dentro de su legítima jurisdicción, dan lugar a responsabilidad por crímenes internacionales", y es a partir de esas investigaciones y de la recopilación de pruebas que se emiten órdenes de arresto contra sospechosos de la comisión de esos crímenes, como ocurrió con Netanyahu y Gallant, por la guerra israelí en Gaza.
Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI sí tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.
79 países firmaron declaración de apoyo a la CPI
Su "único interés" es "la dignidad humana", insistió Akane, e instó a todos aquellos que "comparten los valores" consagrados en el Estatuto de Roma a "unirse en defensa de la Corte", lo que incluye a los 125 países miembros -entre los que está toda la Unión Europea- la sociedad civil, y todas las demás naciones del mundo.
Horas más tarde, 79 países -entre ellos numerosos latinoamericanos- firmaron una declaración conjunta de apoyo a la CPI, que si bien no menciona por nombre a la Administración Trump, afirma que "esas medidas acrecientan los riesgos de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con erosionar el imperio de la ley internacional".
"Más incluso, las sanciones pueden ponen en peligro la confidencialidad de informaciones delicadas y la seguridad de los afectados, incluyendo víctimas, testigos y miembros de la Corte", advierte el escrito.
"Lamentamos todo intento de socavar la independencia de la Corte, su integridad y su imparcialidad, y subrayamos su papel insustituible para acabar con la impunidad, promover el imperio de la ley fomentar el derecho duradero por los derechos humanos".
La mayoría de países latinoamericanos firma la declaración, pero faltan los nombres de Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Paraguay o El Salvador. También respaldaron a la CPI España, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia u Holanda, pero no así Italia ni Hungría; también están aliados de EEUU, como Canadá, pero no Australia. Faltan numerosos países africanos o asiáticos cercanos a Rusia.
Países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción, ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.
