El Ministerio Público espera que esta medida se extienda por al menos 36 meses.
El abogado de la exmandataria descartó que esté asilada en otro país o que se haya fugado.
La Fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial que impida la salida del país, hasta por 36 meses, a la destituida presidenta Dina Boluarte, quien fue sacada del poder a falta de seis meses para elecciones generales por parte de los partidos de derecha que controlan el Legislativo y que la mantuvieron en el cargo desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.
El Ministerio Público cursó el pedido ante las numerosas investigaciones abiertas contra Boluarte por delitos de presunta corrupción y violación a los derechos humanos durante los dos años y casi 10 meses que ejerció la jefatura del Estado, tras suceder en el cargo al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que fue su vicepresidenta.
La prohibición para salir del país solicitada por la Fiscalía está basada en tres de las al menos 11 investigaciones que enfrenta la saliente mandataria.
Así, pidió esta medida por un plazo de 18 meses por las investigaciones donde se le imputa negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y por un plazo de 36 meses en la que se le indaga por supuesto lavado de dinero.
En el primer caso, Boluarte "se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud (seguridad social) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas".
En el otro caso, a la ya exmandataria se le investiga por la presunta "recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón", el líder del partido de corte marxista Perú Libre con el que Castillo y ella ganaron las elecciones de 2021, y al que presuntamente Boluarte también ayudó para que se mantuviera prófugo de la Justicia tras ser condenado por corrupción.
Entre otros hechos que se le imputan está la muerte de al menos 49 personas durante la represión a la ola de protestas que reclamaba nuevas elecciones luego de la detención y encarcelamiento preventivo del presidente Castillo, al que sucedió por ser su vicepresidenta y tras protagonizar el izquierdista un fallido intento de golpe de Estado en 2022 para evitar ser también destituido.
Asimismo, a Boluarte se le investiga por supuestamente recibir regalos lujosos como relojes Rolex no declarados, no informar de que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas y falsificar la firma en varios decretos durante el tiempo que estuvo convaleciente.
Tras conocerse que la mandataria iba a ser destituida corrieron rumores de que podía haber sondeado un eventual asilo en embajadas de países extranjeros como Argentina, Brasil y Ecuador, lo que fue descartado por su abogado personal, Juan Carlos Portugal, quien este viernes reiteró que Boluarte "ni está asilada ni está no habida, (ella) está en su casa".
"Ni asilada ni no habida, ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país", escribió Portugal en un mensaje en redes sociales para disipar los rumores después de que en torno a la 1:15 hora local se viese salir del Palacio de Gobierno al vehículo presidencial donde supuestamente Boluarte abandonaba la sede presidencial.
Sin embargo, no se le llegó a ver ingresando a su casa en el residencial distrito limeño de Surquillo, lo que ha levantado las suspicacias de medios locales sobre el paradero de la saliente gobernante.
"Dejen el delirio informativo, al lado, y construyan un periodismo veraz, educado y responsable", señaló el letrado en referencia a la prensa peruana.
"La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es un romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la política, y que pocos conviven en ello", añadió.
Pese a esto, decenas de personas llegaron en la noche del jueves hasta la Embajada de Ecuador en Lima para protestar contra Boluarte y tratar de impedir un eventual ingreso de la ahora exgobernante a la sede diplomática del vecino país.
Boluarte, la primera mujer en llegar a ser presidenta de Perú, fue destituida de manera exprés y abrupta tras perder el apoyo de los partidos de derecha que la sostenían en el poder, ante su enorme impopularidad, ya que apenas tenía un 3 % de aceptación entre los peruanos según varios sondeos, y la cercanía de las nuevas elecciones generales convocadas para 2026.
La mayoría de los líderes de los partidos que promovieron repentinamente la caída de Boluarte tienen aspiraciones presidenciales, como el alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; y Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
De manera casi unánime, la destitución de Boluarte tuvo 123 votos a favor de un total de 130 congresistas, y en su lugar asumió de manera interina la jefatura de Estado el presidente del Congreso, José Jerí, del derechista Somos Perú, que se convirtió en el séptimo presidente del país desde 2016.
