El Ministerio de Educación de Perú separó de sus cargos, desde abril de 2024 hasta la fecha, a 1.097 docentes y administrativos que tienen condenas o procesos judiciales por violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio, entre otros, informaron este sábado fuentes oficiales.
A través de un comunicado, el Ministerio de Educación precisó que un total de 169 docentes y administrativos con condenas han sido retirados definitivamente, en tanto que 928 que están siendo procesados han sido separados preventivamente.
De estas personas, 931 (807 docentes y 124 administrativos) tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual, 82 (69 docentes y 13 administrativos), por terrorismo y apología del terrorismo, 22 (18 docentes y 4 administrativos), por tráfico ilícito de drogas, y 20 (14 docentes y 6 administrativos), por homicidio doloso.
Asimismo, 12 docentes cuentan con condenas o procesos por hacer proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, dos docentes están siendo procesados por feminicidio y un trabajador administrativo ha sido cesados definitivamente por tener sentencia condenatoria por parricidio.
Del total, 961 trabajaban en colegios públicos y 136, en instituciones educativas privadas.
"El Ministerio de Educación tiene como objetivo hacer de las escuelas lugares seguros. Trabajamos de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a todas las personas que representen un riesgo para los estudiantes", afirmó en la información difundida el ministro de Educación, Morgan Quero.
Investigación a casi 2.500 docentes por delitos graves
El ministerio sostuvo que la separación de estas personas de las instituciones educativas se realiza en el marco de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, entre otros.
Además, agregó que hay 2.472 docentes que cuentan con procesos de investigación abierta por delitos graves, como violación y terrorismo o faltas o infracciones muy graves, que han sido bloqueados en el sistema de administración de plazas de este sector para evitar que sean contratados en alguna institución educativa.
De esta cifra, precisó que 470 trabajadores bloqueados corresponden a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui, una provincia en la región Amazonas donde el año pasado hubo un escándalo tras revelarse cientos de casos de abusos sexuales por parte de profesores.
