El Gobierno anunció este martes cambios en la Unidad de Programas de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa impulsada por la Administración del expresidente Gabriel Boric, aunque confirmó su continuidad.
A través de un comunicado, la Subsecretaría de Derechos Humanos informó que estos movimientos, liderados por el subsecretario Pablo Mira, implican la desvinculación de "tres funcionarios que ocupaban cargos de exclusiva confianza y no presentaron sus renuncias el 10 de marzo, a diferencia de otros colaboradores en la misma calidad".
Se trata de Paulina Zamorano, exjefa del programa de Derechos Humanos; Tamara Lagos, coordinadora del área de archivo e investigación documental; y Magdalena Garcés, coordinadora de búsqueda y trayectorias.
La Subsecretaría enfatizó que, a pesar de las salidas, "tanto la Unidad (de Programas de Derechos Humanos), como el referido plan, continúan adelante, como se ha explicado públicamente en más de una oportunidad".
Los cambios fueron previamente "socializados" con la Asociación de Funcionarios de Derechos Humanos, quienes fueron informados sobre los ajustes en el funcionamiento del programa.
Se espera que en abril se den a conocer los nombres de las personas que asumirán estas posiciones de confianza.
La institución "ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de Derechos Humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos".
Estos movimientos, según el comunicado, "responden a mejoras en la gestión y en el uso de recursos públicos".
La Subsecretaría de Derechos Humanos afirmó que las decisiones se tomaron bajo "estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida".
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rababat, descartó un desmantelamiento del programa: "El Plan de Búsqueda va a continuar, y así lo he indicado públicamente. No hay cambios en esa materia, así que tengan la tranquilidad de lo que he dicho se va a mantener en el tiempo".
"Llegarán profesionales nuevos. El Plan de Búsqueda tiene un equipo de aproximadamente 60 personas, así que no ha habido ningún cambio sustancial como así se ha presentado públicamente", agregó el ministro, quien enfatizó que no existen razones políticas detrás de la decisión.
Diversas miradas desde la Cámara
La diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) estimó que "tres desvinculados de 61 personas que conforman el equipo no me parece algo exagerado ni fuera de todos los límites, considerando que las personas que tengan la confianza del subsecretario para ocupar estos cargos serán nombradas mañana".
En contraste, su par comunista Lorena Pizarro se preguntó si en el Ejecutivo "tienen algún funcionario o funcionaria que pueda desarrollar esta labor sin ser un defensor de las violaciones a los derechos humanos o del pinochetismo".
"Vaya manera grosera de avanzar en el negacionismo en este Gobierno", fustigó la opositora.
Abogada Constanza Garrido asumirá la jefatura
Ha trascendido que la abogada Constanza Garrido asumirá la jefatura del Plan Nacional de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda.
Garrido cuenta con una trayectoria diversa que ha despertado interés en el mundo político y judicial. Posee experiencia previa en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y, hasta antes de este nombramiento, se desempeñaba como asesora jurídica en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
También estuvo involucrada en el derecho canónico, con asesorías a la Iglesia en el contexto de los casos de abuso sexual.
Exfuncionaria defendió labor técnica
Conocida la información oficial, no obstante, la desvinculada coordinadora del área de Búsqueda de Trayectorias, Magdalena Garcés, refutó la versión del Gobierno: "Me parece raro, porque nuestros cargos no son de confianza, son técnicos".
"Confianza es lo que hemos desarrollado con las agrupaciones y organizaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria a lo largo de los años, pero son cargos de coordinación que fueron designados por concurso público", aseguró.
Garcés insistió entonces que "llama la atención que se designen como cargos de confianza aquellos que requieren competencias y conocimientos".
