El titular de Hacienda afirmó que el Estado desembolsa unos US$500 millones al año por créditos universitarios impagos.
Asimismo, anunció que evaluará junto a la Tesorería alternativas para facilitar la regularización de casos pendientes.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este lunes los cobros y embargos realizados por la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), enfatizando que quienes mantienen obligaciones pendientes deben regularizar su situación mediante los mecanismos de reprogramación disponibles.
Según publicó La Tercera, tras participar en el comité político ampliado en La Moneda, el secretario de Estado sostuvo que el CAE es financiado con recursos públicos. "Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares pasando de la plata a los bancos porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile", afirmó.
Quiroz destacó que cerca de 30 mil personas han reprogramado sus deudas desde el inicio de la actual administración y aseguró que se mantendrán las facilidades para quienes busquen ponerse al día. "Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar", insistió.
Además, Quiroz aseguró que solicitará a Tesorería evaluar alternativas para quienes mantienen deudas pendientes, con el objetivo de facilitar su regularización. En esa línea, afirmó "el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme; va a dar todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión", aunque reiteró que el principio seguirá siendo que las obligaciones contraídas deben ser cumplidas.
Por su parte, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, enfatizó que el foco de las cobranzas judiciales emprendidas contra deudores del CAE está en quienes poseen capacidad de pago.
"Estamos hablando de personas que tienen ingresos mensuales sobre 3 millones y medio de pesos y muchos de ellos más de 5 millones. Por lo tanto, legítimamente la Tesorería General de la República está ejerciendo su derecho a cobrar", afirmó el secretario de Estado.
Asimismo, advirtió que "en la medida que sean personas con esos niveles de ingresos, se les hacen los llamados a reprogramar y no se acercan, indudablemente que se ejercerán las medidas coercitivas que correspondan y que autorice la ley".
La ejecución de embargos por deudas del CAE ha desatado una ola de críticas en el Congreso. Parlamentarios de oposición y del oficialismo han manifestado su preocupación por el impacto social de estas medidas, especialmente en aquellos deudores cuyos ingresos no justifican medidas tan severas como el vaciamiento de sus cuentas bancarias.
Desde la Cámara de Diputados, Diego Schalper (RN) planteó que "le hemos planteado al ministro Quiroz nuestra preocupación respecto de lo que está sucediendo con el Crédito con Aval del Estado".
"Si bien entendemos que evidentemente cobrar deudas pendientes por parte del Estado es un tema central, pero al mismo tiempo nos parece que la prudencia obliga y también la ejecución correcta de la actividad obliga a tener a la vista ciertas personas que eso signifique dejarlas impedidas para llevar adelante sus obligaciones más básicas", advirtió el parlamentario.
Mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que se pidió al Ejecutivo actuar con "atención y prolijidad", debido a que existirían casos de personas afectadas que no corresponderían a los criterios anunciados previamente.
En tanto, la senadora Daniella Cicardini (PS) informó que han "oficiado como Comisión de Hacienda a la Tesorería General de la República. Yo espero que también el gobierno pueda empatizar con aquellas personas que tienen deuda CAE y que hoy día han quedado sus cuentas bancarias en cero. Creo que es una situación grave y que están viviendo muchas personas".
