La Tesorería General de la República (TGR) inició un proceso de cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), dirigido a más de 550 mil personas en mora, en un contexto en que este pasivo alcanzó los cuatro billones de pesos en 2025, con medidas diferenciadas según el nivel de ingresos de los deudores.
Desde la institución explicaron que, en los casos de incumplimiento, el Estado actúa como aval ante la banca, asumiendo el pago de la deuda y posteriormente realizando las gestiones para recuperar esos recursos fiscales.
El plan contempla un enfoque segmentado. Por un lado, se promoverán convenios de pago para quienes cumplan con ciertos requisitos y, por otro, se avanzará hacia acciones judiciales en situaciones específicas.
En el caso de deudores con ingresos mensuales superiores a $5.000.000, la TGR inició directamente procesos de cobro judicial, sin acceso a convenios de pago. Estas acciones pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, entre ellos fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, conforme al marco legal vigente.
Para el resto de los deudores, con ingresos inferiores a ese umbral, se habilitó la opción de suscribir convenios de pago, siempre que mantengan deudas iguales o superiores a una UTM, según la información de la última Operación Renta 2025.
Medida "muy necesaria"
El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, valoró en el Diario de Cooperativa, el inicio del proceso de cobro y sostuvo que la medida "es muy necesaria" y que la recuperación de estos recursos es posible dentro del marco legal vigente.
"Sucesivos gobiernos han dicho que no se puede. Y sí, se puede. Siempre se ha podido. La ley es clara en eso", afirmó, destacando además la existencia de otros mecanismos de cobranza.
Rodríguez agregó que estos ingresos son clave para el financiamiento del sistema educativo, señalando que "necesitamos recomponer los ingresos del fisco para poder invertirlos donde más se necesitan", en particular en educación escolar, en un contexto de presión fiscal y aumento del gasto en políticas públicas del sector.
El organismo informó que los trámites pueden realizarse a través de la plataforma habilitada en su sitio web, utilizando Clave Única o Clave Tributaria. En caso de no contar con información de renta disponible, se podrá adjuntar documentación como el certificado de Operación Renta o cotizaciones previsionales.
Asimismo, quienes actualmente se encuentren cesantes podrán acreditar su situación por la misma vía, mientras que las personas que residan en el extranjero también podrán gestionar sus convenios de manera remota, presentando los antecedentes correspondientes.
Finalmente, la TGR reiteró el llamado a los deudores a informarse y utilizar los canales disponibles para regularizar su situación, con el objetivo de resguardar el uso de los recursos fiscales y avanzar en el cumplimiento de estas obligaciones.
Mecanismos más agresivos
Ante esta situación, el abogado Eduardo Lara, dedicado a defensa de deudores, advirtió que el endurecimiento de las medidas obliga a los deudores a actuar con anticipación: "Estamos viendo un cambio relevante en la forma en que el Estado está enfrentando la morosidad del CAE. No hacer nada o ignorar la deuda es la peor decisión, porque los intereses siguen creciendo y se pierden beneficios importantes".
Entre sus principales consecuencias, destacó la retención de la devolución de impuestos durante la Operación Renta, mecanismo que ya está siendo aplicado por la TGR, y apuntó que actualmente "se está avanzando hacia mecanismos más agresivos de cobro. El descuento directo en cuentas corrientes ya comenzó a implementarse en ciertos casos, y aunque hoy se enfoca en altos ingresos, legalmente podría extenderse a otros segmentos".
Respecto a la posibilidad de embargo, el abogado aclaró que existe, pero no es inmediata: "Debe existir una demanda ejecutiva. Este es un proceso judicial que puede tardar entre tres y seis meses; no ocurre de un día para otro", indicó. Pero estableció que la Tesorería "tiene facultades administrativas más ágiles para cobrar deudas tributarias. Si se intentara aplicar algo similar al CAE, habría que analizar su legalidad, pero claramente el escenario se vuelve más exigente para los deudores".
