"Tenemos que ver el fundamento del fallo (del Tribunal Constitucional)", dijo el biministro Alvarado.
Expertos advierten que el dictamen sienta un criterio que obligará a La Moneda a recalibrar el diseño de otras reformas clave.
Luego de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionales las normas más emblemáticas de la ley "Escuelas Protegidas", una de sus iniciativas estrella orientada a combatir la violencia escolar, el Ejecutivo esperará los fundamentos del fallo para buscar alternativas legislativas y planteó que la inhabilidad a la gratuidad podría reubicarse en su norma de origen.
El organismo jurisdiccional frenó la aplicación de la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria a estudiantes condenados por hechos de violencia, así como la facultad de las policías para registrar mochilas ante la negativa del alumno y la ausencia de su apoderado.
Además, el TC objetó la prohibición de prendas de apología a la violencia —como los pasamontañas— y la restricción de ingreso al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para alumnos expulsados.
"Tenemos que ver cuál es el fundamento del fallo. A lo mejor puede darse de que el tribunal considere que esa norma (la inhabilidad a la gratuidad) debe estar considerada en el origen del beneficio de la gratuidad, la que da origen en esa norma, en esa ley, y no en esta. Puede ser, por ejemplo", manifestó el biministro de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.
"Conociendo el fundamento del fallo, veremos cómo corregir lo objetado y también cómo lo trabajamos para el Registro de Vándalos", agregó el jefe de gabinete.
En tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que desde el Ejecutivo son "respetuosos de la decisión del TC y es importante decir que, pese a los aspectos que han sido objetados por el Tribunal, la ley de Escuelas Protegidas contiene disposiciones que no han sido objetadas y que contribuyen a una mejor gestión de la convivencia escolar".
Más allá del freno a la agenda de seguridad escolar, el fallo encendió alarmas en Palacio debido al severo precedente que establece. Al objetarse el Artículo 6 —que creaba un nuevo requisito de probidad penal para mantener el beneficio de la gratuidad—, el TC delimitó las facultades del legislador para alterar beneficios sociales vigentes basándose en conductas punibles.
Para la abogada Elisa Walker, experta en materia constitucional y socia de Sarmiento, Walker y García Abogados, este dictamen obligará al Ejecutivo a recalibrar de forma urgente el diseño de sus proyectos en trámite, específicamente el Registro Nacional de Vándalos, ya que "no solo prohíbe el acceso a la gratuidad, sino que también a los subsidios de arriendo o la Pensión Garantizada Universal".
"A pesar de que hay que esperar los fundamentos, sí es posible anticipar que este pronunciamiento del Tribunal Constitucional debe generar atención a otros proyectos de ley que está tramitando el Gobierno. Es probable que este razonamiento va a obligar a revisar, tal vez eliminar esas disposiciones o reescribirlas para que estas sean necesariamente concordantes con las garantías constitucionales", advirtió la jurista.
De hecho, la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, ya adelantó que al menos desde su tienda "no vamos a descartar de ninguna manera seguir acudiendo al Tribunal Constitucional" para frenar otros proyectos del Ejecutivo.
En vista del precedente sentado, consideró que "el Gobierno debería evaluar constitucionalidad del Registro Nacional de Vándalos, como también en las normas que introducen para modificar el SAE".
Desde la Democracia Cristiana, colectividad que aportó votos clave en la Cámara Baja para viabilizar el proyecto, el diputado Héctor Barría hizo "un llamado al Ministerio de Educación a que hagan cambios de sus equipos, no de la ministra ni de los subsecretarios", acusando que "hay asesores que actúan totalmente ideologizados, que no quieren escuchar a los expertos, que no quieren escuchar a otras voces".
"Este tipo de errores provocan un clima de desconfianza", manifestó.
En la vereda del frente, el diputado UDI Ricardo Neumann adelantó que buscarán los resquicios legales para reponer las sanciones mediante modificaciones a la Carta Magna.
"Estudiaremos los fundamentos del fallo y, si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional que, respetando la institucionalidad vigente, permita darle protección efectiva a la gran mayoría de estudiantes", indicó el gremialista.
Pese a que el camino de una reforma constitucional asoma complejo y largo, en el oficialismo confían en los actuales quórums más bajos de cuatro séptimos para intentar reponer las medidas.
