El Presidente José Antonio Kast lideró este jueves por la mañana una reunión con representantes de los tres poderes del Estado en el Palacio de La Moneda, con el objetivo de coordinar acciones urgentes para enfrentar la crisis derivada del paradero desconocido de más de 200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile entre 2023 y 2025 bajo aparentes procesos de reunificación familiar.
Al término de la instancia de alto nivel, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, fue la encargada de entregar la vocería oficial a través de una declaración pública sustentada en tres ejes estratégicos: reafirmar el compromiso del Estado, exigir máxima responsabilidad en el debate público y priorizar de forma absoluta el hallazgo de los menores.
"El Presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso. Se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información. Como Gobierno, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración", enfatizó la secretaria de Estado.
Esta fuerza de tarea, que había sido anunciada en la víspera por el Ejecutivo, tiene como fin principal articular a todas las instituciones del Estado bajo un mando unificado para garantizar la protección de los derechos de la infancia.
La gestión de este equipo multisectorial fue delegada directamente en la ministra Wulf, quien coordinará las acciones de los servicios públicos involucrados en la búsqueda y resguardo de los afectados.
Contraloría afina informe final tras recibir datos de Migraciones
La reunión en Palacio también sirvió para establecer plazos perentorios en materia de fiscalización administrativa. Según reveló a la salida de La Moneda la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), la Contraloría General de la República ya se encuentra en la etapa final de la recopilación de antecedentes técnicos.
"Lo que se supo es que la próxima semana se va a conocer el informe final, porque estaban esperando también una información de la Dirección de Migración y Extranjería y, por lo tanto, eso ya lo tienen. Se comprometió el subcontralor en la reunión", detalló la parlamentaria.
Dicho compromiso fue asumido formalmente en la mesa de trabajo por el subcontralor general, Víctor Hugo Merino, quien ratificó que el documento definitivo —que actualmente procesa los descargos y alegatos de los servicios involucrados— será despachado, a más tardar, durante la subsiguiente semana.
Por otra parte, la titular de la Cámara Alta anunció que promoverá una ley integral para evitar casos similares.
"Hay un plan nacional de búsqueda, de protección, que tiene definidas distintas etapas que va a liderar la ministra. Desde el Congreso Nacional y, por supuesto, desde el Senado, nuestro trabajo va a ser serio, va a ser responsable, va a ser entendiendo que el objetivo único es la búsqueda de estos niños y niñas, y también la celeridad con la que tengamos que tramitar esta ley integral que le he planteado al Presidente de la República", garantizó Núñez.
"Vamos a unificar todos los proyectos que hoy están distintos trámites legislativos, para que incluso aquello que requiera un patrocinio del Ejecutivo lo tenga inmediatamente", explicó la senadora.
Críticas de la derecha
Sin embargo, el diseño de esta mesa de trabajo no ha estado exento de críticas desde sectores de la propia derecha. Mientras que figuras como la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) han planteado que el asunto debería ser tratado como un tema de seguridad nacional, el líder del Partido Nacional Libertario, el exdiputado Johannes Kaiser, rechazó el liderazgo de Desarrollo Social.
"Creemos que eso es insuficiente. Creemos que este es un problema policial, no es un problema social. Este es un problema policial donde Seguridad, Defensa e Inteligencia tienen que ser colocados al servicio de encontrar a estos menores y perseguir las responsabilidades de quien corresponda", urgió el otrora aspirante a La Moneda.
Finalmente, Kaiser advirtió: "Así como perseguimos las responsabilidades en la antigua Administración, vamos a perseguir las responsabilidades de la nueva Administración si dejan pasar esto".
La jornada concluyó con las primeras gestiones operativas de la ministra Wulf, quien sostuvo un encuentro con el director de Migraciones, Frank Sauerbaum.
Arajet descarta vuelos chárter desde Puerto Príncipe y asegura que su operación cumple el marco legal chileno
Paralelamente, la aerolínea dominicana de bajo costo Arajet rompió el silencio este jueves tras verse involucrada en las fiscalizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que advirtió el uso de operaciones chárter procedentes del Caribe para transportar a menores haitianos hacia territorio nacional sin cumplir con las exigencias de la Ley de Migración y Extranjería.
A través de un comunicado oficial, la compañía descartó de plano cualquier tipo de irregularidad en sus servicios comerciales y tomó distancia de las rutas directas desde la capital haitiana hacia Santiago.
"Queremos aclarar que Arajet nunca ha efectuado vuelos chárteres desde Puerto Príncipe (Haití) a Santiago de Chile, como se ha estado informando equivocadamente por parte de algunos medios de prensa", enfatizó la empresa aérea.
Asimismo, la administración de la línea aérea defendió la validez de sus operaciones en los terminales chilenos, sosteniendo que "aseguramos que toda nuestra operación se ha realizado y realiza dentro del marco legal vigente chileno, respetando todas las leyes y regulaciones migratorias tanto de Chile como de República Dominicana".
Frente a este escenario judicial, desde la aerolínea manifestaron su interés en "que esta situación se clarifique e investigue bajo los parámetros de las leyes y las normas que correspondan, y estamos a disposición de las autoridades para colaborar en las investigaciones que sean necesarias".
Finalmente, la corporación recalcó su estatus corporativo como la línea aérea más grande del Caribe —con operaciones en 29 destinos de 16 países—, ratificando su compromiso de "riguroso apego a todas las legislaciones de las naciones a las que volamos, incluyendo Chile".
