La ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua podría transformarse en una de las principales alternativas del Gobierno para aumentar la capacidad penitenciaria del país si el proyecto de Santiago 1 continúa enfrentando obstáculos judiciales.
Así lo confirmó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, que reconoció que el Ejecutivo ya cuenta con una opción alternativa en caso de que la controversia en torno al recinto de Santiago no logre resolverse favorablemente.
"Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que, evidentemente, en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B", afirmó la autoridad.
Pese a ello, Silva dejó en claro que la prioridad del Gobierno sigue siendo concretar la ampliación de Santiago 1, iniciativa que actualmente permanece entrampada tras una resolución judicial que suspendió su avance mientras se resuelve la discusión sobre la naturaleza del proyecto.
"Vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política no de Gobierno, porque esto viene de la administración anterior y probablemente se pueda retrotraer más lejos aún", sostuvo.
El subsecretario explicó que la controversia se encuentra actualmente en manos de la Corte de Apelaciones, instancia que deberá pronunciarse respecto de la medida precautoria que mantiene paralizados los trabajos.
La ampliación proyectada para Santiago 1 considera la incorporación de cerca de 1.200 nuevas plazas penitenciarias en un sector que ya concentra una importante infraestructura vinculada al sistema de justicia y seguridad.
Senador Castro (PS) y alcalde de Rancagua critican decisión
El senador socialista Juan Luis Castro fustigó las declaraciones del subsecretario de Justicia y las catalogó como "un despropósito".
"No se puede tratar de utilizar nuevamente la ciudad de Rancagua como el foco de la delincuencia, ahora concentrado en una cárcel, que es la misma que hemos tenido siempre por 20 años, y que ahora pretenden ampliar las plazas y etiquetarla de alta seguridad", dijo el parlamentario por la Región de O'Higgins.
"Eso está fuera de lugar, y creo que no va a contar con el apoyo de nadie en la región para hacer algo así", expresó.
En la misma línea, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, manifestó su preocupación y cuestionó que una eventual decisión de este tipo se conociera a través de los medios de comunicación y no mediante canales oficiales.
"Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad", afirmó el jefe comunal, enfatizando que cualquier proyecto de gran envergadura debe ser informado previamente a las autoridades locales y a la comunidad.
Agliati señaló que la discusión no puede centrarse únicamente en la necesidad de generar nuevos espacios penitenciarios, sino también en las consecuencias que una medida de este tipo podría tener para el desarrollo de la comuna y la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, recalcó que la seguridad de los vecinos es una prioridad para el municipio.
Asimismo, sostuvo que iniciativas de esta magnitud requieren un proceso transparente, acompañado de antecedentes técnicos, evaluaciones de impacto y medidas de mitigación que permitan abordar las inquietudes de la ciudadanía.
Agliati insistió en que los problemas penitenciarios que enfrenta la Región Metropolitana no pueden resolverse sin considerar a las comunas involucradas. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo a mantener una comunicación directa y oportuna con las autoridades locales antes de avanzar en cualquier evaluación.
"Hoy Rancagua merece respeto y participación frente a cualquier decisión que pueda afectar la calidad de vida de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestra ciudad", sostuvo el alcalde, reiterando la necesidad de que la comunidad sea parte de las discusiones que podrían marcar el futuro de la capital regional.
