En medio del bullado caso sicario, en el que se liberó por error al presunto asesino del denominado "Rey de Meiggs", el país avanzará en la creación de un nuevo plan de acción en la lucha contra el crimen organizado.
La decisión se tomó este viernes, durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que contó con la participación de representantes de las policías, Gendarmería, Poder Judicial y el Gobierno.
La medida fue celebrada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien explicó que en esta instancia se acordó "un plan de acción, que lo que va a hacer es tener medidas reforzadas, tanto en la comunicación como en el seguimiento, entendiendo que en el sistema de justicia penal tienen que interactuar distintas instituciones y el trabajo es interinstitucional".
Gajardo enfatizó la relevancia de la colaboración, afirmando: "Por eso existe esta comisión coordinadora que le toca al Ministerio de Justicia presidir, con el objeto de que se dé un buen funcionamiento del sistema de justicia penal".
La aprobación de este plan es una respuesta directa a las indagatorias en curso para determinar las responsabilidades detrás de la excarcelación del sicario venezolano, un caso que ha puesto de manifiesto la urgencia de fortalecer los mecanismos para enfrentar la delincuencia organizada.
El ministro concluyó su intervención señalando que "ese plan de acción lo aprobamos en la sesión de hoy y en dos semanas más vamos a tener una comisión extraordinaria".
Suprema examina procedimiento informático de medidas cautelares
Por otra parte, el Pleno de la Corte Suprema ha puesto la lupa sobre los procedimientos que rigen las medidas cautelares en el sistema penal.
La mañana de este viernes, el máximo tribunal recibió un informe detallado sobre cómo opera el "procedimiento informático" para la tramitación y aplicación de estas medidas. La iniciativa surge en el marco de los sumarios internos en el Poder Judicial, que buscan determinar responsabilidades en la controvertida excarcelación del sicario venezolano.
La ministra María Soledad Melo, vocera del Máximo Tribunal, valoró el propósito de esta revisión, especificando que "solamente tuvo por objeto conocer en detalle el procedimiento utilizado. La verdad es que nosotros quisimos solamente conocer el procedimiento. No entramos a conocer detalles más de fondo".
Asimismo, enfatizó que la Suprema no busca inmiscuirse en las investigaciones que corresponden a otras instancias, "toda vez que actualmente existen investigaciones penales y administrativas vigentes que en su oportunidad pueda corresponder a este Tribunal Pleno su conocimiento por en virtud de los recursos o los medios que corresponda revisar".
Este enfoque subraya la importancia de la eficiencia y la transparencia en los mecanismos informáticos que sustentan el sistema penal, especialmente cuando surgen casos de alto perfil que generan cuestionamientos públicos.
Paralelamente, la Fiscalía continúa con nuevas diligencias en el caso del sicario, trabajando activamente en la captura de un quinto involucrado.
En tanto, Alberto Carlos Mejía permanece prófugo y se presume que podría estar en Perú, aunque no se descartan otros destinos como Colombia, Estados Unidos o Venezuela. La posibilidad de su regreso a su país de origen plantea un desafío significativo para la justicia chilena, ya que, según el fiscal nacional, Ángel Valencia, la Constitución venezolana establece que las personas de esa nacionalidad no son extraditables.
Esto complicaría enormemente su retorno a Chile para ser juzgado por el crimen del "Rey de Meiggs".
