La formalización del exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, expuso sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, en una audiencia marcada por filtraciones en casos de alta connotación política y el impacto del denominado "Caso Audios".
Guerra enfrenta cargos por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Según la fiscalía, estas infracciones no fueron hechos aislados, sino parte de un intercambio de favores destinado a asegurar el futuro laboral del ex-fiscal en organismos del Estado.
La exposición de los hechos detalló cómo Guerra habría utilizado su posición para entregar información privilegiada a Luis Hermosilla sobre causas de gran impacto, como los casos Penta, Dominga, Huracán y diversas investigaciones derivadas del Estallido Social.
El objetivo de estas filtraciones, según la fiscalía, era posicionar al exfiscal para cargos de relevancia pública.
"Guerra Fuenzalida planteó a Hermosilla su posibilidad de ser designado como miembro del CDE (Consejo de Defensa del Estado), aunque él mismo dejó entrever un eventual conflicto si ello llegara a ocurrir. Por su parte, Hermosilla señaló que averiguaría qué se podía hacer, ya que el tema no dependía de Andrés Chadwick Piñera. De esta forma, Guerra solicitó implícitamente a Hermosilla —y por su intermedio también a Chadwick— su designación como consejero del CDE", explicó Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota.
La contraofensiva de Guerra: "¿Con qué autorización?"
En un movimiento sorpresivo, el abogado tomó la palabra para defenderse, centrando su estrategia en cuestionar la legalidad de la prueba principal: sus conversaciones de WhatsApp. Guerra acusó que la Fiscalía accedió a sus chats sin los permisos judiciales correspondientes, calificando el proceso como una "revisión ilegal".
"¿Qué es lo relevante para mi situación, su señoría, y qué considero grave? El hecho de que la fiscal Parra señala en esa declaración que encontraron mensajes míos con Luis Hermosilla, respecto de los cuales no existía autorización judicial, ya que esta estaba restringida por la magistrada Díaz Muñoz", afirmó el exfiscal.
El imputado cuestionó la figura del "hallazgo casual" utilizada por el ente persecutor, afirmando: "La pregunta que yo me hago, su señoría, y que me persigue hasta el día de hoy es: ¿Con qué autorización el Ministerio Público registró mis conversaciones con el señor Hermosilla?".
A pesar de estas dudas sobre el procedimiento, Guerra reconoció la autoría de los mensajes, aunque descartó que estos constituyan delitos.
La abogada querellante María Inés Horvitz objetó las excusas entregadas por el exfiscal, específicamente el que intentara justificar que "en realidad no solicitó un contrato ni un trabajo (a Hermosilla), sino que solamente un puesto en su oficina, lo que para él no es un beneficio de otra naturaleza".
"Partiendo de ahí, creo que está tratando de que toda su versión sobre esos chats, que son bastante claros, contundentes y concluyentes, puedan explicarse desde otra perspectiva. Y en nuestra opinión, es inadmisible, y no solo eso: va totalmente contra la lógica", fustigó la exconsejera del CDE.
Fiscalía y CDE piden prisión preventiva
A pesar de la gravedad de los antecedentes expuestos, el ente persecutor inicialmente solicitó imponer a Guerra las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con testigos e imputados.
Sin embargo, dado que el exfiscal volverá a declarar a las 9:00 horas del martes, finalmente se optará por pedir su prisión preventiva, medida que ya fue requerida por el CDE, como querellante en la causa.
El fiscal Carrera contextualizó la situación: "Se había conversado previamente con la defensa, y bajo ciertos requisitos y circunstancias -uno de ellos era no alegar ninguno de los elementos que, hasta la fecha, el Ministerio Público ha consignado en su carpeta investigativa-, hubiésemos estado dispuestos a un arresto domiciliario total".
"Por distintos motivos, (ese acuerdo) no prosperó. El señor Manuel Guerra está prestando declaración, por lo tanto, va a haber una alegación respecto de cada uno de los elementos que tenemos en la carpeta investigativa, y en esos términos, quedamos en libertad respecto de ese acuerdo, y vamos a pedir prisión preventiva", confirmó el persecutor.
En paralelo a esta audiencia, la jornada judicial sumó otro hito relacionado con el "Caso Hermosilla": la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la querella de capítulos contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.
La magistrada es investigada por conductas irregulares y supuestos nexos con Luis Hermosilla, lo que confirma la expansión del caso hacia distintos estamentos del Poder Judicial.
