Marcelo Medina llegó a un acuerdo con la Fiscalía y reconoció los delitos de lavado de activos y soborno, entre otros.
En paralelo, la Corte Suprema ordenó investigar la reunión que sostuvo el fiscal nacional, Ángel Valencia, con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick en 2023.
Marcelo Medina, excontador de los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, se convirtió en la primera persona en ser condenada en el caso Factop.
La condena se produjo este viernes, tras una audiencia de procedimiento abreviado en la que Medina llegó a un acuerdo con la Fiscalía.
El excontador reconoció su participación en los delitos de lavado de activos, soborno, delitos tributarios y vulneración a la Ley de Mercado deValores.
A cambio de su colaboración, Medina recibió una pena menor a cinco años, la cual podrá cumplir bajo el régimen de libertad vigilada intensiva, y se le rebajaron algunas de las multas que deberá pagar como sanción.
Su abogada defensora, Susana Borzutzky, se mostró conforme con la resolución, señalando que "la estrategia se cumplió" y que la sentencia es un mensaje de que "el decir la verdad, el mostrar arrepentimiento y el colaborar con el proceso, ahorrando costos en el proceso investigativo, es reconocido por los tribunales de justicia".
En paralelo, hubo novedades en otra arista de las repercusiones del caso audios, específicamente con el polémico café que sostuvo el fiscal nacional, Ángel Valencia, con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick en 2023.
El encuentro se produjo cuando el jefe del Ministerio Público recién había asumido el cargo, y según él, el objetivo era "limar asperezas" tras una supuesta "campaña sucia" en su contra. Sin embargo, Valencia reconoció que al final de la reunión, Hermosilla le pidió evaluar un procedimiento abreviado para el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, algo que el fiscal nacional rechazó de forma categórica.
Pese a la negativa, dos diputados comunistas, incluido Luis Cuéllar, presentaron una denuncia para que se investigue si esta reunión debió ser registrada por Ley de Lobby.
La denuncia fue desestimada por el entonces fiscal nacional subrogante Héctor Barros, pero los diputados apelaron ante la Corte Suprema, que finalmente le dio la razón.
El máximo tribunal estableció que la Fiscalía debe investigar la denuncia, y que la negativa a hacerlo constituye un "acto ilegal y arbitrario".
El diputado Cuéllar valoró el fallo, señalando que "se abre un camino para llegar a la verdad respecto de las peticiones que hicieron Hermosilla y Chadwick en esa reunión".
También se conocieron noticias sobre el suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien es investigado por presuntamente haber filtrado información reservada de causas penales a Hermosilla.
La Suprema dio luz verde a la querella en contra de Palma, la cual había sido impugnada por su defensa.
La decisión del máximo tribunal significa que la Fiscalía Regional de Los Lagos, que lleva la causa, puede formalizar a Palma. Con esto, se abre oficialmente una arista penal en su contra, la cual se suma a la investigación administrativa que ya está en curso.
