Cristóbal Bonacic refutó la calificación planteada por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva del exdiputado.
Este miércoles -en la tercera jornada consecutiva de formalización- podrían resolverse las medidas cautelares.
La defensa del exdiputado y exmilitante UDI Joaquín Lavín León rechazó este miércoles la solicitud de la prisión preventiva realizada en la víspera por el Ministerio Público.
Quien fuera parlamentario por la Región Metropolitana durante tres periodos (2014-2026) está enfrentando, este miércoles, su tercera jornada consecutiva de formalización por delitos de corrupción (fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil), y es probable que hoy mismo se resuelvan las medidas cautelares.
En este contexto habló el abogado defensor, Cristóbal Bonacic, y planteó que una prisión preventiva no se justifica en este caso, pues Lavín no representa un real "peligro la sociedad", como sostiene la Fiscalía.
"La ley define el 'peligro para la sociedad' como la posibilidad de reiterar conductas de la misma especie. Ése es el sentido que le da (a la expresión). Entonces, si el señor Lavín ya no es diputado, ¿qué delitos podría cometer ahora respecto de lo que se le imputa? La verdad es que ninguno", dijo Bonacic.
"Nosotros confiamos en todos los tribunales, en todos los jueces y somos muy respetuosos de la judicatura. Confiamos en que todos ellos hacen su trabajo con estricto apego al derecho", agregó el letrado.
"Hay que entender que un parlamentario cumple muchas funciones, y pretender que tenga al detalle el conocimiento de factura por 200, 300 mil pesos... no quiere decir que sea responsable último de los actos de su administración, pero obviamente el detalle no se le puede pedir a un diputado", sostuvo Bonacic.
"Lo que ocurrió exactamente fue la no renovación de ciertas personas que habían trabajado a honorarios el primero de enero del año 2016. ¿Eso se llama desvinculaciones? Yo creo que no", expresó.
La audiencia de hoy comenzó pasadas las 09:00 horas con la exposición del Consejo de Defensa del Estado, que afirmó que la plataforma Social Task no solo era utilizada para objetivos electorales del exdiputado, sino que también de su padre, el exalcalde y excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante.
El CDE también pidió 17 diligencias, entre ellas la toma de declaración a la exsenadora y expresidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe.
El abogado del CDE Rodrigo Álvarez señaló que para la entidad "los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad: provocan perjuicio, alteran el funcionamiento de las instituciones, afectan a la democracia, ensucian el prestigio de las instituciones públicas como el Congreso Nacional, generan mucho daño. Es una conducta criminógena muy negativa y estamos manifestando aquello ante el tribunal para solicitar que se adopten las medidas cautelares que corresponden; en nuestra opinión, no es otra que la prisión preventiva".
Luego fue el turno de los abogados de la Municipalidad de Maipú, que acusaron a Lavín León de haber "amedrentado" a funcionarios para que realizaran contratos: un delito de tráfico de influencias.
Uno de esos juristas, José Pedro Silva, afirmó que "los argumentos de la defensa son exactamente los mismos que expusieron en el desafuero, tras lo cual el pleno de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema dio lugar a la causa y, por ello, creo que son argumentos de poco peso. No mostraron ninguna evidencia distinta a la que ya vienen sosteniendo hace tanto tiempo".
