En el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte (Región de Tarapacá) se realizó este viernes la audiencia de formalización de la investigación en contra del alcalde de dicha comuna, Richard Godoy, imputado por el delito de fraude al fisco.
El tribunal resolvió aplicar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas sobre una presunta evasión tributaria masiva vinculada a la gestión privada del jefe comunal como socio de la empresa de servicios mineros EMYC.
La investigación, que cuenta con la participación activa del Servicio de Impuestos Internos (SII), sitúa el perjuicio fiscal en una cifra superior a los 1.300 millones de pesos.
El esquema defraudatorio se habría ejecutado mediante la manipulación de declaraciones de impuestos para reducir el pago real de tributos al Estado.
Detalles de la acusación fiscal
El fiscal del Sistema de Análisis Criminal, Claudio Rojas, detalló que el jefe comunal, "actuando como administrador de hecho de la sociedad Empresa de Mantención a la Minería y Comercialización EMYC Limitada, aumentó ficticiamente los créditos fiscales declarados por la sociedad en los formularios número 29 respectivos sobre declaración mensual y pago simultáneo de impuestos".
"Para tal efecto, entre el 2016 y 2021, (...) el imputado declaró mediante los formularios 29 un crédito fiscal superior al que tenía derecho de hacer valer de acuerdo al registro de compras respectivo, causando el correspondiente perjuicio fiscal", arremetió el persecutor.
Estrategia de la defensa: "Errores de contabilidad"
En tanto, la defensa del alcalde Godoy está representada por el exfiscal nacional Sabas Chahuán, quien optó por no oponerse a las medidas cautelares solicitadas, calificándolas de "baja intensidad".
"Se llegó al acuerdo de no cuestionar las cautelares atendido que son cautelares de baja intensidad, así que no se cuestionó eso sin perjuicio que creemos que acá hay una responsabilidad de otras personas. El alcalde no tuvo dolo en el actuar y lo esperamos demostrar", puntualizó el abogado.
"Los hechos que se le imputan apuntan básicamente a errores en la contabilidad que podrían constituir delito, pero que no llevaba la contabilidad ni hacía los pagos o dejaba de hacer los pagos el alcalde, porque es una contabilidad de una sociedad. Y eso esperamos demostrar", afirmó Chahuán.
Plazos de la investigación
A pesar de los descargos de la defensa, el Tribunal de Garantía estimó que existen antecedentes suficientes para acreditar la existencia del delito en esta etapa procesal.
Por ello, además de las medidas de arraigo y firma, se determinó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.
