"Si quieren ocupar el cargo de gobernador regional, que compitan y ganen en elecciones, pero que no lo hagan mañosamente por secretaría", dijo en Cooperativa.
Expresó su preocupación ante la posible decisión de la UDI de plegarse a la solicitud de destitución de Republicanos, lo que consideraría "lamentable".
Acusando un "aprovechamiento político bastante burdo" del Partido Republicano, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, salió al paso este viernes de las críticas y la polémica generada por un informe de Contraloría que objeta el gasto de 31 millones de pesos en asesorías de coaching durante el periodo electoral de fines de 2024.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el exDC dijo que el documento de 156 páginas del ente fiscalizador contiene un conjunto de observaciones a las que su administración responderá en los plazos establecidos (15, 30 y 60 días).
Anunció que presentará un escrito de reconsideración, ya que existe una "diferencia jurídica" con Contraloría respecto a la interpretación de estas asesorías.
El exalcalde de Peñalolén explicó que los coaching directivos impugnados en el informe de Contraloría se realizaban desde el año 2021, con la misma consultora (Vera y Asociados) y mismo coach (Juan Vera Gil). No obstante, Contraloría sólo consideró el año 2024.
Orrego defendió el uso de estas herramientas para la gestión pública, atribuyendo la controversia a una "mala concepción de lo que es un coaching".
"Si tú miras, por ejemplo, todo lo que yo hice en materia de coaching, siempre tenía que ver con temas de desarrollo organizacional, de cómo trabajar en equipo, cómo hacer mejor frente a los trabajos con los alcaldes. Yo tengo 34 consejeros regionales que no son simplemente técnicos; son representantes de partidos políticos con los cuales tengo que negociar. En fin, gestionar bien una institución requiere hoy día de muchas herramientas y me parece de alguna manera raro que al Estado se le prive de este tipo de herramientas", señaló.
Si bien se declaró "fan de la Contraloría", el gobernador consideró que la interpretación de su informe en este caso particular podría deberse a que "un auditor que está viendo temas contables, de repente pide un antecedente, ve la palabra política y dice, chuta, esto es raro".
En relación con la citación a declarar ante el Ministerio Público el próximo 19 de junio, Orrego aseguró que acudirá con "toda la buena voluntad, porque el que nada hace nada teme", y presentará todos los antecedentes del trabajo de coaching desde 2021 hasta 2024, no solo del año pasado como se consignó.
Respecto a si fue un error contratar estas asesorías en periodo electoral, el gobernador admitió que, "quizás mirado retrospectivamente, uno debería quizás haber suspendido alguna cosa para evitar este tipo de suspicacias", pero insistió en que el coaching se enfocó en mejorar la gestión institucional y el trabajo en equipo, no en su campaña política personal.
Orrego calificó la petición de destitución de los consejeros regionales del Partido Republicano como un "aprovechamiento político bastante burdo", y fue enfático al desafiarlos: "Si quieren ocupar el cargo de gobernador regional, que compitan y ganen en elecciones, pero que no lo hagan mañosamente por secretaría, que es lo que están tratando de hacer".
Asimismo, expresó su preocupación ante la posible decisión de la UDI de plegarse a esta solicitud de destitución, lo que —afirmó— "sería lamentable, porque lo que dijeron el miércoles lo estarían revirtiendo en un par de días, plegándose a los mandatos de, en este caso, los consejeros de José Antonio Kast".
"Creo que es un doble estándar gigantesco, porque ellos mismos muchas veces han hablado de la importancia de presumir la inocencia, del derecho a defenderse, de por supuesto no hacer politiquería con temas que son serios, y resulta que, ante un informe de la Contraloría, lo primero que hacen es pedir la destitución de un gobernador democráticamente electo", fustigó Orrego.
"No hay ningún fundamento para aplicar lo que yo llamo la pena de muerte política", aseveró la autoridad capitalina, apuntando que "esto sería tan grave como que hubiera una sospecha de que algo puede haber ocurrido y lo primero que yo pido es la pena de muerte. Eso es lo que están haciendo los consejeros de Kast y, eventualmente, la UDI conmigo".
"Lo primero que están pidiendo no es una comisión, no es tener antecedentes, no es esperar la Contraloría; es la pena de muerte política, que es la destitución. Me parece desproporcionado y yo voy a aprobar en los tribunales, si ese fuera el caso, de que hemos actuado conforme a derecho y de manera correcta", subrayó.
Horas más tarde, y después de que la bancada UDI confirmara que se suma al requerimiento de Republicanos ante el Tricel, Orrego envió una nueva declaración a los medios, en la cual reafirma que "la solicitud de mi destitución es un burdo aprovechamiento político".
"En base a esta acción, están pidiendo la muerte política de una autoridad electa democráticamente por más de 2,5 millones de personas, por un informe de Contraloría que tiene etapas pendientes de apelación, sin que haya ninguna acusación formal en mi contra, mucho menos una condena, y sin dar espacio legítimo para mi defensa", fustigó el gobernador metropolitano.
Con todo, insistió que "en cualquier lugar del mundo, esto se llama aprovechamiento político y abuso de la democracia".
La autoridad regional también dijo haber instruido una investigación inmediata de los hechos mencionados en la solicitud opositora.
En Cooperativa, el gobernador metropolitano también se defendió de las acusaciones y la polémica generada por el traspaso de más de 1.600 millones de pesos a la fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, para la ejecución del programa de prevención del suicidio "Quédate".
Orrego reiteró que el proyecto se tramitó de la misma manera que otros 77 programas, siendo aprobado por unanimidad en el Consejo Regional y no por una asignación directa del gobernador. Enfatizó que, si bien conoce a Larraín, "no hay ningún vínculo personal, ni de conocimiento, ni laboral, ni de ningún tipo, que esté por sobre la ley".
Remarcó, en ese sentido, que "nunca nadie ha podido señalar que ha habido ningún tratamiento especial en este caso".
Para refutar las insinuaciones de favoritismo, el gobernador destacó que su administración fue la única entidad pública en exigir una garantía del 100% de los recursos para este tipo de convenios, a diferencia del 5% o 10% habitual.
Además, aseguró que están luchando por recuperar los fondos desde el 16 de noviembre de 2023, fecha en que ellos mismos pusieron término al convenio con ProCultura debido a la insolvencia de la fundación y la negativa de la compañía de seguros Asport a pagar la póliza, que "ha sido contumaz en no querer pagar".
Respecto a los mensajes personales con Larraín, donde se evidenciaba un trato cercano ("hermano", "te agradezco por tu grandeza, por cuidar el proyecto y por cuidarme a mí"), Orrego reconoció un "vínculo" y "un grado de afecto" que data de cuando Larraín trabajaba como psiquiatra en un centro de salud mental en Peñalolén. Sin embargo, minimizó el "trato de hermanos" como algo "coloquial" y relevó al proyecto "Quédate" como una iniciativa exitosa y "de primera".
El gobernador destacó que el programa no fue "un tongo", sino que atendió a más de 11.000 personas con ideas suicidas, capacitó a 4.500 individuos y creó dos centros sentinela en 11 meses de ejecución, llegando incluso a recibir un premio.
Orrego explicó que el fin del convenio no se debió a una mala ejecución del programa, sino a la insolvencia de ProCultura, que dejó de pagar a sus proveedores, lo que llevó a la Gobernación a pedir acceso a las cuentas corrientes y, ante la negativa, a terminar el acuerdo.
Finalmente, Orrego informó que el proyecto "Quédate" sigue en funcionamiento, siendo ejecutado actualmente por el Servicio de Salud Oriente en conjunto con la Universidad de Chile y otras fundaciones, además de estar desarrollando un diplomado de capacitación para funcionarios municipales.
