Los acusados, incluidos cinco funcionarios públicos, quedaron con arraigo nacional y firma mensual.
Juzgado dio por acreditado el cohecho, soborno y falsificación de instrumento público, desestimando el cargo de asociación ilícita.
En una maratónica audiencia que se extendió hasta la madrugada, el Juzgado de Garantía de Arica dictaminó este viernes la libertad y medidas cautelares de baja intensidad para las 10 personas formalizadas por delitos de corrupción en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de Arica.
La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para ocho de los imputados.
La investigación, que se extendió por casi tres años, acusa a cinco funcionarios públicos y cinco consultores externos -tres de ellos exfuncionarios públicos- de organizar un esquema de corrupción.
Según el relato de la fiscal Paulina Brito, los imputados supuestamente se confabularon desde 2021 para captar clientes y agilizarles trámites a cambio de dinero. El objetivo era favorecerlos con la entrega de terrenos fiscales a través de concesiones, arriendos o ventas.
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados, que se desempeñaban en distintas unidades al interior de la Seremi, como arriendo, catastro, venta, concesiones y fiscalizaciones, utilizaban sus cargos para facilitar la entrega de terrenos a determinadas personas, y para rechazar solicitudes de otras que sí cumplían con los requisitos.
La persecutora señaló que, a cambio de los favores, los clientes pagaban a los imputados sumas que iban desde los 250.000 hasta los 5 millones de pesos en efectivo o por transferencia.
Por este motivo, el Ministerio Público les imputó los delitos de asociación ilícita, cohecho reiterado y agravado, soborno, violación de secreto y falsificación de instrumento público.
Sin embargo, el tribunal solo dio por acreditado el cohecho, el soborno y la falsificación de instrumento público, desestimando la asociación ilícita y la violación de secreto.
La fiscal manifestó que la magistrada no consideró que los imputados se hayan asociado para delinquir, pese a que, dijo, los antecedentes "eran suficientes para acreditarlo".
El Ministerio Público no descarta recurrir a la justicia para impugnar la resolución.
Para las 10 personas que fueron formalizadas por los delitos, el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
