El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener en prisión preventiva a la abogada Leonarda Villalobos, quien cumple la máxima cautelar hace más de siete meses por su presunta participación en el caso audios.
Con el fin de cambiar la medida por arresto domiciliario nocturno o total, la defensa de la imputada por lavado de activos y cohecho había solicitado una audiencia de revisión de cautelares que tuvo lugar este jueves, y se prolongó por más de dos horas, según La Tercera.
Según el abogado Esteban Olivares, la profesional no ha logrado adaptarse a la Cárcel de San Miguel, pero sí ha tenido una colaboración eficaz en la causa, por ejemplo, a través de la última declaración que prestó ante la Fiscalía, donde se referió principalmente al negocio de Factop y los movimientos de dinero.
El defensor aseveró que Villalobos ha reconocido los hechos que se le imputan, como la entrega de cheques a la empresa de los hermanos Álvaro y Daniel Sauer, así como también de facturas ideológicamente falsas, aunque -aseguró- confiaba en el factoring, específicamente en la participación de Alberto Sauer, padre de los otros dos imputados.
Olivares expuso por más de 30 minutos respecto a la supuesta colaboración de su representada, destacando que entregó información a Fiscalía sobre cuentas internacionales de los Sauer y de unas joyas entregadas por la exdiputada Andrea Molina en garantía de pago al factoring, así como grabó la bullada reunión con Luis Hermosilla que gatilló las investigaciones.
Finalmente, apuntó que la abogada y su esposo han intentado resarcir el daño al Fisco causado por sus operaciones, entregando más de 4 millones de pesos para pagar los movimientos no informados de sus empresas.
"Rendición" de la imputada
A su turno, el fiscal de Alta Complejidad Miguel Ángel Orellana refutó la colaboración de Villalobos ostentada por la defensa, indicando que los mentados antecedentes no varían en nada con lo que hasta ahora se ha indagado, y por lo demás, que la grabación de la reunión con Hermosilla fue realizada "por interés particular, egoísta y por interés económico".
Junto con eso, el persecutor aseveró que, a excepción de las últimas, todas las declaraciones de la abogada en la causa fueron incompatibles con la información manejada por el Ministerio Público, y que durante la indagatoria nunca colaboró, "incluso negando lo innegable, tapando el sol con un dedo".
En definitiva, arguyó que todo lo que ahora reconoce Villalobos "ya era evidente durante la formalización (...) lo que planteó la defensa fue 'vengo a rendirme, no a aportar'. No es nada nuevo, es decir: 'sí, mentí y le mentí a usted'" en la última declaración de la imputada, que calificó como una "rendición frente a la fuerza de la prueba".
Considerando lo planteado por ambas partes, el magistrado concluyó que "no ha existido una colaboración sustancial" de parte de la abogada, y que "no se indicó por parte del defensor la manera concreta y específica en que sus dichos aportaron en esta investigación y cómo estos pudieron esclarecer los hechos".
"Cree este juez que más que tener como objetivo aclarar los hechos y cooperar, parece tener beneficios procesales", y asimismo, observó que desde que se dictó la máxima cautelar "no han variado las circunstancias (...) hay antecedentes que justifican los delitos de la formalización y sirven para concluir que la imputada participó en calidad de autora en los hechos".
Sobre la necesidad de cautela, el magistrado determinó mantener la prisión preventiva, "al considerar que la imputada es un peligro para la sociedad", e hizo ver que Villalobos arriesga hasta 11 años de cárcel, de modo que "parece ser difícil que este quantum de pena le permita cumplir la pena en libertad".