En su cuenta pública, destacó una subida en las denuncias y un golpe al narcotráfico, donde la incautación de cocaína aumentó hasta un 340% en comparación con 2024.
Pese a los buenos resultados, el fiscal nacional Ángel Valencia reparó en que "tenemos todavía desafíos pendientes importantes".
El Ministerio Público realizó su cuenta pública este miércoles, reportando una caída del 11,5% de homicidios a nivel nacional durante el 2025, además del aumento de casi 16% de denuncias en comparación al periodo anterior.
En concreto, se recibieron 1.197.000 denuncias durante el año pasado. Respecto al crimen organizado, tuvo un crecimiento del 5,8%, pero también se registó un aumento del 340% de incautación de cocaína, 50% en cannabis sativa y 24% de drogas sintéticas.
Además, se destacó el congelamiento de más de 400 cuentas bancarias y una subida del 10% en las condenas totales.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo: "Es difícil afirmar que con el proyecto ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios) no hayamos aumentado la cantidad de detenidos por homicidios y secuestros, la cantidad de formalizados, la cantidad de casos esclarecidos y que, paralelamente, se hayan reducido los homicidios".
"Nos parece que es una hipótesis bastante plausible que este impacto en la delincuencia, en las bandas que han cometido estos delitos graves en contexto de crimen organizado, ha tenido también efecto en la reducción de la cantidad de homicidios. Pero tenemos todavía desafíos pendientes importantes y eso esperamos abordarlo con el plan de fortalecimiento", planteó.
A la vez, la cuenta pública vincula la eficacia judicial actual con entrada en vigencia de la política de persecución penal hace poco más de un año, que traza una hoja de ruta para el futuro inmediato.
Frente a estas cifras, el académico Cristián Riego, de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales, dijo percibir que en los últimos años, "se ha dado un mensaje claro al crimen organizado en el sentido de decir: Chile no es como el resto de América Latina, aquí estos delitos se van a perseguir, y creo que ha habido un esfuerzo presupuestario y de coordinación" en esa línea.
Además del rol de la Fiscalía en este trabajo conjunto, resaltó que "las policías han estimulado a que en su interior haya un desarrollo profesional importante, han sido capaces de crear nuevas fórmulas de trabajo, y me parece que ese resultado es positivo".
Por otro lado, el Ministerio Público se alista para la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento a la Fiscalía, mediante la cual ingresarán 70 nuevos persecutores a sus filas.
A la vez, el ente persecutor solicitó un nuevo sistema penitenciario para los líderes del crimen organizado; un incentivo al retiro de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, equiparándolos con el resto de la administración del Estado, y se llamó a impulsar una reforma legislativa que permita modernizar y fortalecer la capacidad del Estado para identificar, incautar, administrar y ejecutar dinero y bienes obtenidos ilícitamente.
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) destacó que Valencia "nos demostró que con el mismo presupuesto ha ido avanzando, ha hecho mucho, pero en el fondo el fiscal nacional hizo saber de buena forma que efectivamente se necesitaba más presupuesto".
Asimismo, afirmó que "cuando se incautan bienes al crimen organizado, cuando se le congelan cuentas al crimen organizado, esa plata, como se hace en otros países, podría haber venido justamente a quienes se encargan de combatir el crimen organizado".
Su par del Frente Amplio Tatiana Urrutia aseveró que "en la Comisión de Seguridad estamos discutiendo proyectos importantes, pero que vienen del 2022, y seguimos insistiendo al Gobierno que estamos en disposición de trabajar conjuntamente para enfrentar los crímenes, pero que hoy estamos a ciegas sobre el plan que tiene en materia de seguridad".
