La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles y despachó al Senado —para su segundo trámite constitucional— el denominado proyecto "Antibarricadas 2.0".
La iniciativa endurece las sanciones penales para quienes interrumpan el tránsito o corten vías públicas utilizando violencia, intimidación u obstáculos que generen un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas.
La norma extiende la aplicación de estas multas y penas de presidio menor —además de sanciones económicas de hasta 20 UTM— a afectaciones graves como la interrupción del servicio del Metro.
La iniciativa también establece que, en los casos de intimidación o de instalación de barricadas, se aplicaría también la pena de prisión de 540 días.
La sesión estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento verbal tras los dichos del diputado socialista Marcos Ilabaca, quien criticó con dureza el sentido de la normativa y desató la inmediata réplica de su par republicano Cristian Araya.
"Ustedes", fustigó Ilabaca al Ejecutivo, "quieren acallar al pueblo ante las medidas indolentes que día a día están llevando adelante. Ustedes no quieren que el pueblo les diga que están equivocados y que están errados. Hoy día el único peligro concreto son ustedes, que están tratando de asesinar día a día al pueblo que está pasando muchas necesidades".
"Lo que acabamos de escuchar resulta impresentable. Ustedes (la mesa de la Cámara) tienen el deber de poder sancionar de forma inmediata al diputado Ilabaca frente a las bazofias que acaba de manifestar", respondió Araya.
Indicación que excluye a quienes ejerzan una manifestación de forma pacífica
Finalmente, el texto principal contó con los votos del oficialismo como el Partido Nacional Libertario (PNL); además del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC), incorporando además una indicación impulsada por el diputado socialista Raúl Leiva que excluye de la normativa a quienes ejerzan de forma pacífica el derecho a reunión, huelga o manifestación.
"A mi juicio, esta es la peor derrota que tiene el Gobierno de presidente Kast en materia legislativa, mucho más que el rechazo del día de ayer a la reforma constitucional que establecía a 30 días de plazo para el establecimiento administrativo, porque este proyecto de ley era la piedra angular del Gobierno del Presidente Kast en materia de control de orden público", dijo el impulsor de la indicación.
"Por eso, con ese artículo que se aprobó, desarticulamos el principal objetivo y liberal del Gobierno del Presidente Kast de poder impedir cualquier tipo de manifestación pacífica en nuestro país", enfatizó Leiva.
Por su parte, la diputada Gloria Naveillán (PNL) apuntó: "Todos están pensando en el 2019. ¿Han pensado en la macrozona sur? En los camioneros atacados en las carreteras, en cómo logramos a través de la manifestación de la cual orgullosamente participé, de la toma de carreteras, gracias a eso poder dar a conocer el terrorismo en la Araucanía".
