La abogada medioambientalista Paulin Heredia relató en Una Nueva Mañana los detalles de la demanda que ingresó y que resultó en una condena judicial contra el Estado de Chile, con motivo de la presencia de vertederos de basura irregulares ubicados en la comuna de Alto Hospicio (Región de Tarapacá).
El lunes, el Primer Tribunal Ambiental determinó que el Estado debe reparar el daño en el Desierto de Atacama -específicamente en los sectores Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Sur- por la acumulación ilegal de escombros, ropa y neumáticos.
Heredia, oriunda de Iquique y "amante del desierto y del mar, como son los nortinos", afirmó en Cooperativa que conoce el problema de los vertederos "desde su infancia", acumulados en las zonas La Mula, Camino a Caleta Buena y Huantajaya, lo que hizo crecer su sentimiento de "impotencia" y de "intentar hacer algo al respecto".
"Estamos hablando de 50.000 toneladas de ropa que ingresan al año a la zona norte. De esa cantidad, aproximadamente entre el 60% o 70% va a residuos, o sea, son productos que no sirven. Yo calculo que son unas 20 hectáreas afectadas" por este megavertedero en La Mula, cifró la letrada.
Según sus palabras, esta ropa es del tipo "fast fashion", es decir, aquella que se produce en masa a bajo precio, con baja calidad y ciclos de vida cortos, que al no venderse rápidamente es botada en el desierto y constituye un peligro para el entorno por tener elementos derivados del microplástico y petróleo.
¿Cómo llega la ropa allí?
De acuerdo con Heredia, acreditaron que estos terrenos donde se bota la ropa "son de propiedad o son administrados por el Estado de Chile", razón por la que su demanda apunta a éste por no fiscalizar estas prácticas.
"La principal razón por la que llega esta ropa es la Zona Franca y en esto podemos encontrar tres situaciones fundamentales: primero, que el ingreso de estos artículos a Chile no está prohibido; segundo, que no tenemos un sistema de reutilización o disposición final de estos residuos; y tercero, que el Estado ha permitido, a través de esta política de apertura económica y de exportación libre, que todos los productos lleguen sin ninguna restricción", señaló.
Por último, la abogada medioambiental explicó que no demandó a la Zona Franca porque "no tiene cómo acreditar, por lo que más se sospeche o lo diga el secreto a voces, que los empresarios son quienes suben a dejar la ropa al cerro", por lo que la lógica era que quien acumule cosas en su terreno -el Estado, en este caso-, es el que debe "hacerse responsable de las amenazas".
