A doce días de la sesión extraordinaria de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC), se dio a conocer la sentencia definitiva sobre la contienda de competencia presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) contra el Primer Tribunal Ambiental, en el que se acusaba a este último de exceder sus atribuciones y vulnerar las competencias del Comité de Ministros.
En su resolución de 67 páginas, el TC sostuvo que "no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción ni una interferencia de funciones que este tribunal deba dirimir", indicando que el conflicto planteado corresponde a cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, por lo tanto, debe ser resuelto por la justicia ordinaria.
El caso gira en torno al proyecto minero-portuario Dominga, impulsado por Andes Iron, y la disputa por su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), restablecida en diciembre de 2024 por el Tribunal Ambiental. En febrero de 2025, dicho tribunal solicitó al SEA emitir una nueva resolución conforme a la sentencia, lo que motivó la acción del SEA ante el TC.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, señalaron en un comunicado que respetan la decisión del TC y reafirmaron su actuar conforme al Estado de Derecho: "Analizaremos los alcances del texto y las acciones a seguir, considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales".
Reacciones tras el fallo
En Andes Iron, empresa a cargo del proyecto, el gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible, Francisco Villalón, calificó el fallo como una validación de su postura: "La acción del SEA carecía de todo fundamento y fue parte de una estrategia dilatoria. No es aceptable seguir destinando recursos públicos para bloquear un proyecto validado por los tribunales".
El fallo fue celebrado por sectores empresariales de La Higuera, como la Cámara de Comercio y Turismo local. Su presidenta, Andrea Flores, dijo: "Es hora de avanzar. La justicia ya se pronunció y las autoridades deben respetarlo".
Jorge Hurtado, del movimiento Ciudadanos por la Región de Coquimbo, llamó a no seguir politizando el proyecto. "La región necesita empleo e inversión. No podemos seguir estancados", aseguró.
Por otro lado, organizaciones ambientales expresaron su rechazo a lo que consideran una amenaza ecológica. Lisbeth Vandermeer, directora de Oceana, afirmó que "hay suficiente ciencia para respaldar el rechazo definitivo de este proyecto. No nos dejaremos doblegar por tecnicismos que sólo han favorecido a la industria".
Desde la Alianza Humboldt, Ezio Costa, director de ONG FIMA, aseguró que continuarán otros procedimientos para impugnar las decisiones del Tribunal Ambiental.
Finalmente, desde el Congreso, 52 diputadas y diputados oficialistas firmaron una declaración que califica al proyecto como "pan para hoy y hambre para mañana", cuestionando sus impactos sobre la biodiversidad y la institucionalidad ambiental.
"Sigue siendo un proyecto contaminante", advirtió exministro Mena
El exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena indicó que la decisión del Tribunal Ambienta tiene que ver con temas de "procedimiento y competencia". Recalcó que, en el contexto final, la decisión sobre el destino de Dominga la tiene la Corte Suprema y que la opción es "ratificar el rechazo del comité de ministros basado en antecedentes técnicos" o dejar sin efecto esa decisión.
Mena fue enfático al señalar que, a su juicio, "las cosas no han cambiado, el proyecto sigue estando mal emplazado, sigue teniendo una línea base insuficiente para evaluar los impactos ambientales y sigue siendo un proyecto contaminante".
En la zona de La Higuera, las posturas son contrapuestas. Mientras que una gran parte de los pobladores y vecinos ven a Dominga como una oportunidad de trabajo y acceso a servicios básicos, otros, como Rodrigo Flores, pescador artesanal y presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, sostienen que el proyecto ya "ha destruido el tejido social de La Higuera" al dividir a la comunidad y que pretende dañar uno de los ecosistemas "más ricos y únicos del mundo", además de afectar los empleos existentes.
En la vereda opuesta, Sergio Álvarez, presidente de la mesa territorial de Punta Colorada, indicó que están muy contentos el fallo, dado que, aunque "no es la aprobación definitiva, es un paso totalmente trascendental para para nosotros".
"El Tribunal Constitucional le deja claro al Gobierno que el primer Tribunal Ambiental no se excedió en ningún momento sus atribuciones como decían ellos. Entonces, por esa parte está muy bien. Ahora, ya estamos en la fase final para que el proyecto se apruebe. Eso es lo que nosotros entendemos como comunidad, y es por lo que nosotros hemos luchado", puntualizó.
