El doctor en derecho Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, calificó el duro informe de la Contraloría sobre irregularidades detectadas en distintos organismos del Estado, como un "fallo generalizado de las instituciones", que ha ocurrido "hace mucho tiempo en impunidad".
Las irregularidades, que involucran a diversas instituciones públicas respecto del periodo abril 2024- marzo 2025, ascienden a un monto total superior a los 1,5 billones de pesos ($1.505.707.732.640).
Frente a este panorama, Leturia sostuvo que, desde al menos 2014, con la Comisión Engel, los equipos técnicos saben lo que hay que hacer, pero "no lo han querido hacer" por falta de voluntad política.
Argumentó que existe una "crisis generalizada de los sistemas de alarma, de control interno y de sanciones efectivas".
Reflexionó que en el aparato público "ha habido un gran relajo... Se normalizaron ciertas prácticas y todo el mundo sabía que se podía sacar plata, que se podían no cumplir los contratos, que se podían no rendir las cuentas y no pasaba nada".
Hasta que Dorothy Pérez asumió el mando en la Contraloría.
"No existe en Chile un sistema nacional de control"
Por su parte, Felipe Lizama, académico de la Universidad de Santiago, planteó interrogantes clave a partir del informe, entre ellas el futuro de los organismos autónomos (gobiernos regionales, municipalidades, universidades estatales), la efectividad de los controles previos internos de cada organismo, y la sobrecarga que enfrenta actualmente la propia Contraloría.
Según afirmó el profesional, hay fundamentos suficientes para hablar de una "ineficiencia brutal y manifiesta en el uso de los recursos públicos".
Asimismo, cuestionó "hasta cuándo vamos a tener la insistencia del poder estatal y punitivo de realizar más exacciones al patrimonio de los chilenos", si esto no se traduce en una buena administración.
Si bien cada organismo tiene unidades de auditoría y estándares de control, la pregunta crucial es si estos están coordinados, pues "no existe en Chile un sistema nacional de control". Propuso que una ley podría establecer la obligación de informar periódicamente sobre las áreas de control.
Detalles del informe
Según la auditoría de Contraloría, las falencias encontradas incluyen incumplimientos de normas contables y presupuestarias, problemas en el cumplimiento de contratos, deficiencias en la rendición de cuentas y en el manejo de fondos públicos.
A estos se suman sobreestimaciones y subestimaciones en la ejecución presupuestaria, errores en registros contables, multas no cursadas y ausencia de gestiones de cobranza.
Los gobiernos regionales destacan como las entidades más fiscalizadas en el sector de Interior, acumulando un total de 303 mil millones de pesos objetados. Entre los hallazgos puntuales, se mencionan gastos asociados a viajes internacionales del Gobierno Regional de Coquimbo a México, Argentina y Egipto durante 2022.
Carabineros también figura en el informe, con 754 solicitudes de imágenes que no cuentan con evidencia audiovisual, y que carecen de justificación y seguimiento.
