El traslado se realizó durante la madrugada desde dependencias de la FACH y contempló escalas en Colombia y República Dominicana.
Entre las personas trasladadas se encuentra Emmanuel Bony, imputado por protagonizar episodios de violencia y daños en el aeropuerto de Santiago.
El Gobierno concretó este viernes su segundo vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular o con antecedentes penales, con un total de 40 personas a bordo, dando continuidad a la política migratoria impulsada por administraciones anteriores y retomando, en este caso, las deportaciones hacia Haití.
El vuelo con los deportados despegó alrededor de las 04:30 de la madrugada de estes viernes, desde el aeropuerto del Grupo 10 de la Fuerza Aérea (FACh), en el primer tramo del operativo para trasladar a los ciudadanos expulsados hacia Colombia, República Dominicana y Haití.
En cuanto al perfil de los pasajeros, el prefecto general Ricardo Gatica, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, detalló: "21 son expulsados por temas administrativos, y 19 por orden judicial. Dentro de estos últimos, hay sujetos que cometieron delitos graves, como secuestros y robo con intimidación".
"A su vez, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país", apuntó el funcionario.
Entre los migrantes expulsados destaca Emmanuel Bony, ciudadano haitiano, quien en dos ocasiones provocó daños y destrozos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, hechos que derivaron en su prisión preventiva.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez detalló que si bien Bony "tenía residencia definitiva, esa residencia fue cancelada (...) Todo el país pudo ver los graves daños producidos a la infraestructura pública de transporte en el aeropuerto y, por lo tanto, con mucha satisfacción, damos cuenta de que ese ciudadano haitiano ha sido expulsado".
Las autoridades destacaron que desde 2024 no se realizaban expulsiones hacia Haití, debido al delicado escenario político que atraviesa el país y a las complejidades diplomáticas y logísticas que dificultan este tipo de procesos.
Esta semana, el Ejecutivo informó que cerca de 1.400 inmigrantes irregulares abandonaron el país de forma voluntaria desde que Kast asumió la Presidencia, mayoritariamente personas de nacionalidad venezolana.
En 2025, último año completo de mandato del expresidente Gabriel Boric, un total de 1.117 extranjeros fueron expulsados, mientras que diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
Según el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, la mayoría de las órdenes sin ejecutar son administrativas, y un porcentaje menor es judicial, mas "el Presidente Kast nos ha dado la instrucción de priorizar (la salida de) quienes han cometido delitos en Chile o en países vecinos".
"También estamos permanentemente haciendo trámites de expulsión: esta Administración ha firmado 1.800 expulsiones nuevas desde el 11 de marzo", informó la autoridad.
En cuanto al operativo concretado hoy, señaló que "estas expulsiones demuestran una capacidad mayor de ejecución de expulsiones administrativas y también judiciales, lo que se suma a una baja bien significativa de las denuncias por ingreso clandestino por paso no habilitado; y también con una disminución importante de las reconducciones", resaltó.
Caracas rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 en el país caribeño, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos con órdenes de expulsión.
Desde La Moneda, han señalado que se encuentran a la espera de una "respuesta positiva" para retomar relaciones con el gobierno venezolano "al menos a nivel consular", para poder agilizar los procesos de deportación.
El Presidente Kast prometió en campaña mano dura contra la delincuencia, el crimen organizado y la migración irregular, para lo que construye una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.
En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El llamado "Plan Escudo Fronterizo" del exmilitante del Partido Republicano incluye también la aprobación de un proyecto de ley en trámite para tipificar la migración irregular como delito.
