El Gobierno trabaja para asegurar los 26 votos que necesita en el Senado el último punto de su Ley de Reconstrucción: el mecanismo que compensará a las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años, aspecto que se resolverá el martes.
Los senadores de la UDI Sergio Gahona y Gustavo Sanhueza, quienes han condicionado su respaldo al proyecto, se mostraron abiertos a apoyarlo, pero estableciendo condiciones respecto a saldar las deudas previsionales que los municipios mantienen con sus trabajadores en las áreas de salud y educación.
El senador Matías Walker, del movimiento Demócratas, otro parlamentario que ha condicionado su voto, destacó que las conversaciones con el Ejecutivo continúan en la línea de "poder garantizar los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco".
"Estamos en conversaciones también con la senadora Yasna Provoste para ver cómo unir fuerzas para darle certezas a los habitantes de nuestras regiones que no solamente vamos a tener recursos para enfrentar la emergencia, sino que también para financiar esos 700 millones de dólares que cuesta la reconstrucción", agregó.
Según datos del Ministerio de Hacienda, con la exención de contribuciones para adultos mayores, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea dejarán de aportar más de 51 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal debido a la menor recaudación del impuesto territorial.
El Gobierno sostiene que esos recursos serán restituidos mediante un mecanismo de compensación estatal, por lo que el fondo no se verá disminuido en sus ingresos. No obstante, varios alcaldes de la oposición cuestionan la fórmula debido a que dispone mayores recursos para las comunas más ricas.
En esa línea, el senador Daniel Núñez (PC) señaló que sostuvo una reunión con el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la que discutieron cómo se iba a financiar el proyecto: "Lamentablemente el ministro ahí insistió en que solo se va a hacer con los recursos que cuente el Estado vía Ley de Presupuesto".
"Nosotros hemos insistido en la necesidad de que haya recursos adicionales, que el fisco tenga ingresos adicionales. En ese escenario, rebajar el pago de contribuciones es una medida que al final igual desfinancia al Estado, incluso a los municipios; por lo tanto, me parece improcedente que en este escenario senadores de la región de Coquimbo voten a favor de la propuesta que tiene el Gobierno", afirmó.
"Lo que a nosotros nos angustia, nos preocupa, es cómo el Gobierno va a financiar con recursos extraordinarios el plan de reconstrucción de la Región de Coquimbo", insistió el legislador por la zona.
Alcaldes solicitan veto presidencial y modificar fórmula de compensación
En paralelo a la votación del proyecto en el Senado, más de 100 alcaldes solicitaron un veto presidencial y modificar la fórmula de compensación a los municipios.
A través de una declaración, los jefes comunales pidieron que el Presidente José Antonio Kast convoque a "una discusión real sobre el sistema de financiamiento municipal" y aplique un veto aditivo a la medida.
"Hoy el Presidente puede hacer uso de la facultad de veto, salir del tono amenazante del 'todo o nada' y abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos, para evaluar una propuesta viable y justa que logre concitar un acuerdo del mundo municipal", enfatizaron.
En su misiva, los alcaldes "cuestionan que el mecanismo propuesto por el
Ejecutivo no canaliza la totalidad de los recursos comprometidos a través del Fondo Común Municipal (FCM), el principal instrumento de solidaridad territorial del país, financiado en más de la mitad por las contribuciones".
Por lo anterior, propusieron que la cifra de 200 millones de dólares destinada a la compensación "se traspasen ínntegramente a este fondo. No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM".
Hoy se termina plazo otorgado por el TC para subsanar requerimientos
En tanto, los requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC) aún se encuentran en etapa de revisión formal.
El organismo otorgó tres días de plazo, que finalizan hoy, para que los parlamentarios subsanen observaciones en dos de los tres recursos presentados contra la mega reforma antes de resolver si son admisibles o no.
Entre los puntos impugnados se encuentra la invariabilidad tributaria y las normas medioambientales relacionadas con la compensación a inversiones privadas cuyas resoluciones de calificación ambiental sean revocadas.
