El jefe del Ministerio Público sostuvo que municipalidades, corporaciones y fundaciones no pueden ser equiparadas a las personas naturales en materia de privacidad financiera.
El Gobierno prepara una iniciativa para regular el acceso a información financiera en el marco de investigaciones penales.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este lunes al debate sobre el levantamiento del secreto bancario y planteó que las instituciones públicas no deberían contar con el mismo nivel de protección que las personas naturales respecto de su información financiera.
Las declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara la presentación de un proyecto de ley en esta materia, el que, según ha señalado el Ejecutivo, contemplará la necesidad de autorización judicial para acceder a antecedentes bancarios.
"Normalmente el secreto bancario lo que ampara es la intimidad de las personas y otros secretos protegidos por ley. Pero esa misma intimidad no la tienen las instituciones públicas", señaló el fiscal.
El jefe del Ministerio Público agregó que se tratan de cosas distintos, "la intimidad a que puede tener una municipalidad es distinta a la que puede tener una persona natural o una empresa del Estado".
Valencia extendió además ese criterio a corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, particularmente cuando son objeto de investigaciones por eventuales delitos de corrupción.
Desde RN, el diputado Diego Schalper comentó que "nosotros siempre vamos a estar abiertos a que si el fiscal nacional tiene planteamientos respecto del mejoramiento de la legislación que los haga, pero lo que estamos discutiendo hoy día no es lo que plantea el fiscal nacional, es que una entidad administrativa, sin orden judicial, pueda inmiscuirse en la privacidad de una persona y eso para nosotros no resiste el análisis del debido proceso".
El Ejecutivo estima ingresar un proyecto de ley sobre el levantamiento del secreto bancario este martes antes de que la Sala de la Cámara Alta sesione. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfatizó que cualquier cambio mantendrá el requisito de contar con una autorización judicial.
"Esto no es un tema de secretismo, sino de privacidad. Así como hay privacidad en la casa, uno no quiere que le intercepten las llamadas telefónicas, la correspondencia escrita o las cuentas bancarias sin una orden judicial", expresó.
"Hay muchas más cosas que se pueden hacer en materia de prevenir el lavado de dinero y lo que haremos es proponerla a los legisladores desde el Ejecutivo, y va a depender de ellos si la acogen o no", indicó Quiroz.
En la misma línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que "la idea del Ejecutivo, y están trabajando a toda máquina para eso, es llegar con una propuesta antes de la sesión de Sala mañana (martes) en el Senado".
"Yo creo que todas las medidas intrusivas -interceptación telefónica, allanamiento en la casa, apertura de cuentas- tienen que ser autorizadas por un juez, pero se pueden establecer plazos tanto para que los bancos informen como para que las jueces otorguen el levantamiento del secreto bancario, sean mucho más exigentes".
"Creo que se puede avanzar en el tema de dar mayor facilidad para levantar el secreto bancario, pero siempre, igual que cualquier medida intrusiva, por lo menos la posición de la UDI es que eso lo debe hacer la justicia", añadió.
En la contraparte, la senadora DC Yasna Provoste emplazó al Gobierno a definir con claridad su posición: "Estas horas son cruciales para poder generar un acuerdo amplio en el país (sobre la materia)", sostuvo.
"Recordemos que este Gobierno llegó a la Presidencia con una gran promesa, que es la de seguridad y enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado. Pues bien, aquí tienen su primera prueba y, si están realmente comprometidos con lo que dijeron, no hay ninguna duda en que tienen que votar a favor de levantar el secreto bancario. Si no, es seguir tejiendo el dinero ilícito en nuestro país", aseveró.
La discusión sobre el secreto bancario volvió a instalarse en la agenda pública a propósito del denominado caso Operación Tokio y de las propuestas que buscan fortalecer las herramientas investigativas para perseguir delitos económicos, de corrupción y crimen organizado.
