La Cámara Baja prometió "transparencia" ante el escándalo de posibles irregularidades en asignaciones parlamentarias, en las que se ven involucrados, de momento, los diputados Miguel Ángel Calisto y Joaquín Lavín León.
A ambos se les imputa haber desviado fondos públicos para fines distintos a su labor como parlamentarios y además enfrentan una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), pese a que la Fiscalía emprende investigaciones distintas en las dos causas.
En este escenario, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), afirmó que la mesa directiva entregará "todos los antecedentes que requiera el Ministerio Público y cualquier otra institución en el marco de esta u otra indagación".
"Nuestro compromiso con la transparencia es inquebrantable, sin prejuicio del respeto a la presunción de inocencia de quienes son investigados", añadió.
En la misma línea, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), indicó que "las querellas que presentó el Consejo de Defensa del Estado deben seguir con su curso judicial. Además, desde la secretaría general de la Cámara se están haciendo todas las fiscalizaciones y auditorías de manera periódica para evitar el mal uso de las asignaciones parlamentarias".
Sin embargo, Aedo llamó "a la responsabilidad de cada legislador", si bien admitió que "siempre es posible mejorar los controles".
Afirman que sanciones deben ser impuestas por la Comisión de Ética y no el Consejo de Asignaciones
En el Congreso existe el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que fija las directrices sobre en qué se pueden o no gastar los recursos destinados al trabajo operativo de los legisladores.
La instancia es liderada por el exsenador socialista Rabindranath Quinteros, que afirmó que, no obstante, la imposición de sanciones sólo corresponden a las Comisiones de Ética de la Cámara y el Senado.
"La función del Consejo es determinar el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de muchos de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria. La institucionalidad que se ha creado para regular las asignaciones parlamentarias es sólida y eficiente", explicó.
"En el caso de existir irregularidades, corresponden a las Comisiones de Ética de cada Cámara imponer las sanciones necesarias. El Consejo no ha recibido ninguna denuncia de los casos que estamos hablando, sino que sólo la ha sabido por información pública", expresó Quinteros.
Comité auditor critica falta de atribuciones
Uno de los organismos que audita e investiga una eventual irregularidad en las asignaciones a los legisladores es el Comité de Auditoría Parlamentaria, que se conforma por tres personas y 10 profesionales de apoyo.
Sin embargo, el comité trabaja sobre un plan anual previamente definido, por lo que tiene atribuciones limitadas al momento de efectuar una auditoría. Dicho plan, además, debe ser elaborado en coordinación con las secretarías de ambas Cámaras y, posteriormente, debe ser aprobado por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias.
Priscilla Jara, presidenta del Comité de Auditoría, ejemplificó el problema: "Si el legislador me dice 'yo estuve en la comuna de Los Lagos el día martes 10 de abril con una junta de vecinos', eso no tengo cómo verificarlo. El comité no tiene facultades intrusivas como Fiscalía, por lo que no es habitual que detectemos conductas con un delito potencial".
"Si el comité encuentra observaciones (en las asignaciones), se le dice a un parlamentario que debe devolver el dinero usado. Si lo hace -cosa que pasa con cierta recurrencia-, estamos okey, pero si eso no ocurre, la instancia siguiente seguirá a la Comisión de Ética, integrada por pares de la persona auditada", explicó Jara.
