Los abogados querellantes del caso Monsalve, María Elena Santibáñez y Pablo Ortiz, afirman que el fallo de la Corte Suprema, que este lunes revocó la prisión preventiva del exsubsecretario del Interior, dejándolo bajo arresto domiciliario, no pone en duda la existencia de delitos sexuales, ni tampoco la presunta comisión de ellos por parte del imputado.
En una declaración conjunta emitida esta tarde, los representantes de la denunciante manifiestan "nuestro respetuoso disentimiento de la decisión adoptada por nuestro Máximo Tribunal, adhiriendo a su voto de minoría que estuvo por mantener la prisión preventiva del imputado".
Dicho esto, "nos parece relevante destacar que el fallo, en su análisis de la resolución impugnada, estimó que esta cumplía con el estándar de fundamentación respecto de que en la especie concurren antecedentes suficientes, tanto para estimar que se encuentra por establecida la existencia de los delitos de violación y abuso sexual imputados al señor Monsalve, como la existencia de presunciones fundadas de su participación como autor material de los mismos, elementos que no han sido puestos en duda por la resolución del recurso de amparo".
"En lo sucesivo, continuaremos colaborando activamente con el Ministerio Público en el avance del esclarecimiento de estos hechos y en asegurar que éstos sean prontamente juzgados. Todo ello con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia penal de nuestra representada", cierra el escrito.
Algo similar planteó más temprano Nicolás Calvo, jefe de la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Centro Norte, relevando que según el fallo de la Suprema, "tanto la investigación como las imputaciones por los delitos de violación y abuso sexual se mantienen firmes e inalteradas, puesto que no se han puesto en duda ni la existencia del delito, ni la participación del imputado en los mismos".
A su salida de Capitán Yáber en esta jornada, Manuel Monsalve reiteró su inocencia respecto de los delitos que se le imputan, y así como su disposición a someterse a los procesos judiciales necesarios.
