En una extensa audiencia pública, los magistrados escuchan las intervenciones de 56 representantes de organismos e instituciones.
A través del exministro de Justicia y de Seguridad, el gremio acuícola justificó norma sobre microrrelocalización de jaulas de cultivo.
El Tribunal Constitucional (TC) lleva a cabo este miércoles una extensa audiencia pública para escuchar las intervenciones de 56 representantes de organismos e instituciones en el marco de los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por la oposición -y recientemente por el Ejecutivo- a la megarreforma impulsada por el Gobierno.
Durante la sesión destacó la participación del exministro de Justicia y de Seguridad del Gobierno de Gabriel Boric, el abogado Luis Cordero, en representación de la Asociación de la Industria del Salmón.
En su intervención, el otrora secretario de Estado defendió la norma que faculta la microrrelocalización de jaulas de cultivo sin requerir una nueva evaluación de impacto ambiental.
"Una jaula de cultivo de salmones en un fiordo del sur, instalada hace 30 años aproximadamente, hoy sabemos que moverla 300 metros mejoraría las corrientes, oxigenaría el fondo marino y reduciría el impacto. Eso es una microrrelocalización. Lo que se presenta en rigor no es un problema de Constitución; lo que en rigor existe es un desacuerdo de mérito, pero los desacuerdos de mérito en la legislación se resuelven en el sistema democrático", argumentó Cordero ante los ministros.
Su aparición en el TC no cayó bien en el mundo de la centroizquierda: "No hay un conflicto de interés jurídicamente consagrado. Tengo la mejor opinión del exministro, pero creo que hay que mantener una sana distancia entre los intereses económicos y la política", opinó el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio).
La postura de Cordero fue refutada en la misma instancia por la Fundación para el Desarrollo Social, a través de su representante Diana Vega: "Si un proyecto cambia de localización, es ingresado nuevamente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Por qué las relocalizaciones deben salirse de esa norma? ¿Por qué se tiene que omitir el derecho de la población también a opinar respecto a esa relocalización, siendo que la profundidad de las mismas relocalizaciones podría afectar el fondo marino?", cuestionó.
En la misma línea, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, argumentó: "Permitir que una concesión salmonera se traslade 350 metros, dentro o fuera de áreas protegidas y sin evaluación ambiental, constituye un premio para una industria que registra numerosos incumplimientos".
"Es un beneficio que no tienen otras actividades: imaginemos que a un relave se le permitiera moverse 350 metros sin evaluación ambiental. Por eso creemos que este artículo es inconstitucional", sostuvo.
La abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Cristina Lux, en tanto, destacó que el principio de no regresión ambiental está reconocido en normas y compromisos asumidos por Chile, como la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú.
"Este estándar también ha sido avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en la OC-23/17, que estableció que el derecho a un ambiente sano incluye prevención, precaución, progresividad y no regresión; y en la OC-32/25 sobre emergencia climática, solicitada por Chile y Colombia", señaló.
Roxana Núñez, de Greenpeace, agregó que el artículo 19 N°8 de la Constitución obliga al Estado no solo a reconocer el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino también a prevenir que ese derecho sea afectado y a tutelar la preservación de la naturaleza.
"Por eso nos preocupa que este proyecto de ley excluya determinadas relocalizaciones de operaciones de salmonicultura del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque reduce una herramienta fundamental para anticipar y prevenir daños. Una relocalización o micro-relocalización no es simplemente mover una concesión en el mapa: significa trasladar una actividad productiva y sus impactos a un nuevo lugar, que puede tener condiciones ambientales completamente distintas", indicó.
Por su parte, el abogado Carlos Oyarzún, en representación del think tank Libertad y Desarrollo, intervino para defender la invariabilidad tributaria a 20 años contemplada en el proyecto.
En representación del Centro de Estudios Públicos (CEP), Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, tomó la misma postura, considerando "poco persuasivo (el argumento opositor de) que sea contra la democracia establecer contratos de largo plazo que traspasen sus efectos a futuros gobiernos. Hay una evidente continuidad del Estado que es absolutamente necesaria para el proceso".
"Por lo demás, estamos hablando de una ley que en una administración futura puede derogarse o modificarse. La ley misma no es invariable", arguyó el economista.
En contraste, Daniel Riquelme, de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) - ligada a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)- planteó: "Hipotéticamente, si el Congreso en el futuro subiera un tributo, dos empresas del mismo rubro pagarían diferente, y esa ley quedaría expuesta al reproche de discriminación arbitraria".
"Segundo, la diferencia de trato que establece no atiende a capacidades tributivas, ni a la naturaleza de la actividad, sino que descansa solo en el tamaño de la inversión, lo que contraviene la igual repartición de los tributos contemplados en nuestra carta magna", relevó el abogado.
La audiencia estuvo cruzada además por las reacciones ante el requerimiento presentado a última hora por el Presidente José Antonio Kast para frenar la norma que establece la reconexión gratuita y obligatoria de servicios básicos (luz, agua y gas) en zonas de catástrofe, por considerarla ajena a las ideas matrices de la megarreforma.
Desde el oficialismo, la senadora María José Gatica (RN) instó a revisar la posición del Ejecutivo: "Cuando se atrasan las personas en pagar el servicio de la cuenta eléctrica, les cortan al tiro el servicio, pero para reponer, chuta que se demoran. Considero que no es justo y que hay que darle una vuelta, y que no nos veamos tampoco como una Administración que está más bien defendiendo a este sector económico, sino que nos veamos más justos".
Por su parte, el diputado socialista José Antonio Rivas calificó de "una idea miserable el ir al Tribunal Constitucional e intentar sacar una ley de compromiso del Estado con quienes han vivido una tragedia. Nos muestran un rostro y finalmente defienden el negocio de los que más tienen y estrujan a todos los chilenos".
Dada la apertura del ministro Quiroz a impulsar una ley en esta línea, el senador comunista Daniel Núñez planteó que "si él considera que esto está bien inspirado, creemos que es un triunfo del debate parlamentario", y adelantó que "si no logramos que se rechace la objeción del Gobierno, vamos a promover una iniciativa parlamentaria".
