En medio de la preparación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la decisión de rebajar condenas a un grupo de abusadores y violadores de menores, la oposición se ha coordinado para presionar la salida del secretario de Estado del Gobierno de José Antonio Kast.
El Ejecutivo ha intentado canalizar una salida a esta crisis a través de cambios legales, que cierren los supuestos vacíos que permitieron a condenados que atacaron sexualmente a menores antes del 2022 salir anticipadamente con el beneplácito del Gobierno.
Sin embargo, desde la oposición han apuntando que lo anterior no puede ser liderado por el mismo ministro que generó la crisis.
"La única manera de empezar a subsanar ese error es con la renuncia del ministro Rabat. Y por eso que también estamos comunicando que para nosotros el ministro Rabat ya no es interlocutor válido, porque ni la ciudadanía le cree al ministro Rabat, ni tampoco nosotros", asevero la diputada Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio.
Acusación se aplaza por falta de acceso a los decretos
La presentación de la acusación constitucional contra el ministro Rabat se ha visto aplazada por la falta de acceso a todos los decretos firmados por orden del Presidente de la República en el Ministerio de Justicia para rebajar las condenas a delincuentes peligrosos.
Se estima que la misiva sea ingresada la próxima semana, mientras, un grupo llegó este lunes al Palacio de La Moneda para insistir en la entrega de esos documentos, ya solicitados formalmente desde la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
"La redacción de la acusación constitucional está avanzando. Los equipos jurídicos ya se han constituido y están trabajando en ese proceso. Hay que respetarlo, no tenemos que tener ansiedad en esto. El día jueves eventualmente estamos viendo la posibilidad de convocar a una reunión en el exCongreso Nacional en Santiago al equipo de abogados que nos está colaborando en esta tarea", señaló el diputado Raúl Soto, presidente del PPD.
Asimismo, el diputado Raúl Leiva (PS) complementó que "uno de los elementos fundamentales son los antecedentes que nos pueda entregar el Gobierno respecto de esos decretos. Nos parece importante poder contrastar y ver todos los antecedentes de estos decretos y los instrumentos fundantes de los mismos".
"Por eso, el Gobierno tiene la obligación normativa de entregar los antecedentes a un órgano fiscalizador, como es la Cámara de Diputados, para intentar esta acusación constitucional", enfatizó.
En paralelo, diputados de la Democracia Cristiana llegaron este lunes hasta el Ministerio de Justicia para entregar unos sobres de color azul en que piden la renuncia del titular de la cartera.
El presidente de la falange, diputado Álvaro Ortiz, argumentó que "nosotros apelamos a que se lean los argumentos de esta acusación constitucional, sobre todo también aquellos parlamentarios que son padres, madres, y donde ni Dios quiera si sufrieran una situación como esta, claramente uno sabría lo que piensan. Pero como muchas veces se escudan en una bancada o en una ideología política, acá les estamos pidiendo que salgan un poco de esa dinámica y actúen en consecuencia".
Oficialismo se encuentra dividido
En el Congreso, la diputada Marlene Pérez (UDI) enfatizó en que el oficialismo no puede "estar como una secta mirando que porque una diputada dice que esto es grave o que esto me perturba, estoy en contra del Gobierno. Yo esperaría que se hubiesen tomado medidas, se ha actuado pésimo".
"No sigamos tratando de empatar porque estamos hablando de la infancia. Cuando se comete un error, hay que asumir responsabilidades", planteó la parlamentaria.
Por otro lado, Renovación Nacional golpeó la mesa y publicó un comunicado en el que afirmó que tiene "serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de forma en que se ha conducido políticamente esta situación".
"Creemos que la primera prioridad deben ser las víctimas y sus familias. Por ello, hemos solicitado avanzar en la derogación de los decretos respectivos, otorgar discusión inmediata a las modificaciones legales necesarias y establecer mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento a quienes han sido afectado", planteó.
Asimismo, la colectividad oficialista considera el episodio como una "evidencia" de la necesidad de fortalecer la conducción política del Gobierno, "mejorando la capacidad de anticipación, coordinación y rigurosidad en la toma de decisiones".
"Chile enfrenta desafíos demasiado importantes como par que la agenda del Gobierno sea vea paralizada. La seguridad, el empleo, el crecimiento económico y las necesidades de las personas exigen respuestas concretas y urgentes. Reafirmamos nuestro compromiso a trabajar por soluciones efectivas, poniendo siempre a las víctimas y sus familias por delante de cualquier otra consideración", concluyó RN.
La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), también se sumó a la discusión y, en conversación con CNN, comparó a Rabat con una gangrena que hay que "cortar de que se muera el Gobierno".
