La nueva polémica que protagoniza la diputada comunista Karol Cariola sigue provocando diversas reacciones en el Congreso: mientras compañeros de partido defienden a la parlamentaria, sus pares de oposición la acusan de "abusar de sus privilegios".
Cariola se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras la revelación pública de chats donde, según se informa, realizaba gestiones ante alcaldes de Independencia y Casablanca, con el fin de reducir multas por circular sin el dispositivo de tag.
La propia parlamentaria habría comentado en uno de los mensajes que se trataba de "mucha plata".
A raíz de la solicitud de Cariola ante el municipio de Casablanca, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, abrió -el 10 de junio- una nueva causa en contra de Cariola y remitió una copia de los antecedentes a su par de la Región de Valparaíso, Claudia Perivancich.
"La conversación, relativa a un trámite realizado por la imputada en el Juzgado de Policía Local de dicha comuna, entrega información de relevancia sobre el modus operandi investigado, esto es, la solicitud de favores a autoridades, en este caso municipales, en favor propio o de terceros", explicó el persecutor, según publicó La Tercera.
Flores: "Abuso de los privilegios"
Este asunto ha vuelto a poner a la diputada en el debate público. Desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN) arremetió contra su par y la acusó de tener un "modus operandi para tratar de favorecerse por su investidura como diputada de la República", además de "obtener favores políticos ya sea para ella o directamente para sus cercanos".
Según indicó, esta situación constituye un "abuso de los privilegios" y un "abuso de determinados cargos para los que uno llega a servir y no para servirse".
"Espero que el Ministerio Público acelere estas investigaciones, porque este es el ejemplo claro, a quienes hemos estudiado derecho y en las escuelas de derecho se nos enseña, cómo se configura el delito de tráfico de influencias. Esto es lo que claramente está haciendo la diputada Cariola", acusó Flores.
En tanto, el jefe de bancada del Partido Comunista (PC), diputado Luis Cuello, evitó hacer un juicio sobre la conducta personal de Cariola y se centró en que "cualquier persona a quien se le cursa una infracción, el deber de toda persona es pagar esa infracción".
Añadió que Cariola ha indicado que las gestiones se refieren a consultas sobre "mecanismos de apelación" en el caso de los alcaldes, lo cual, según él, es algo que ella puede plantear "ejerciendo su derecho a la defensa" en sede judicial si es requerida.
Acción legal de la defensa de Cariola contra el Ministerio Público
Ante la nueva controversia, el abogado de Cariola, Juan Carlos Manríquez, salió en su defensa argumentando que la información no es nueva y ya fue evaluada por el sistema judicial.
Asimismo, aseguró que "esas mismas cuestiones" contenidas en los chats "habían sido expuestas a un juez de garantía" previamente. Según el profesional, esto ocurrió en el marco de una solicitud para "pedir el alzamiento del secreto bancario", un trámite que se realizó en secreto en su momento, por lo que no hubo oposición pública.
Lo relevante para la defensa es que "el tribunal las desestimó y dice expresamente el juez que allí con todos esos antecedentes no hay ningún tifo de participación en un delito de cohecho ni de tráfico de influencias".
El abogado sostiene, en consecuencia, que las actuales "filtraciones" de estos mensajes "tienen solo por objeto en época de campaña generar un daño reputacional" contra la diputada, que tiene aspiraciones senatoriales en la Región de Valparaíso.
Manríquez ingresó este jueves una solicitud de audiencia de cautela de garantías.
Frente a este panorama, Manríquez ingresó este jueves, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, una solicitud de audiencia de cautela de garantías. El objetivo de esta acción es que el tribunal ordene certificar "a quién fue entregada la carpeta investigativa" por parte de la fiscalía.
Más allá de la solicitud de información, el abogado acusó al Ministerio Público de desacato, dado que se habría incumplido una orden previa del mismo tribunal, emitida en marzo pasado.
Dicha orden establecía que la revisión del celular de la diputada debía ser realizada "solo por la fiscalía y su abogado" de manera conjunta, con el fin de "excluir todo aquello que no fuere de interés criminalístico" y proteger información "de su vida personal y política". El abogado sostiene que este proceso aún "no ha terminado".
La arremetida de Cariola contra fiscal Cooper
En la víspera, la propia Cariola arremetió contra el fiscal a cargo de la investigación, Patricio Cooper, quien enfrenta un proceso de destitución iniciado por parlamentarios del oficialismo.
La Corte Suprema ya ha fijado una audiencia de alegatos para este proceso, programada para el lunes 21 de julio.
PC respaldó a Cariola
Las nuevas filtraciones fueron cuestionadas por el Partido Comunista, que, a través de una declaración pública, expresaron su respaldo a Cariola y solidarizaron con su defensa.
"Las conversaciones que hoy se han hecho públicas forman parte de las labores habituales de un/a parlamentario/a, las que incluyen interactuar con diversas personas, entre ellas empresarios y autoridades, para conocer sus inquietudes y buscar soluciones a problemas que afectan a la ciudadanía o a sectores productivos", afirmaron en el escrito.
Además, indicaron que, aunque "respetamos el rol de la fiscalía y hemos contribuido en las investigaciones que realiza", cuestionan "las persistentes filtraciones que se producen de las carpetas investigativas, que obligan a que los afectados tengan que salir a precisar públicamente la información sesgada que se difunde".
"La diputada Cariola y su defensa han denunciado que estas filtraciones constituyen una 'operación política para hacerme daño', con el objetivo de desacreditarla ante la opinión pública. El daño a su honra y reputación parece ser el verdadero propósito de estas filtraciones, más allá de la búsqueda de la verdad", se criticó.
Finalmente, el PC afirmó que "en un Estado de derecho, el respeto al debido proceso es esencial, precisamente para evitar juicios anticipados por los medios de comunicación", dando como ejemplo "el caso denominado Sierra Bella, que fue cerrado sin formular ningún tipo de acusación".
"No es aceptable que se instale un 'juicio' en los medios antes de que se pronuncie la justicia", cerraron.
