El abogado defensor del exministro Nicolás Grau, que enfrenta un juicio político, cuestiona que la herramienta se utilice como primera opción ante discrepancias políticas.
El abogado Patricio Zapata, quien lidera la defensa frente a la reciente acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, criticó este martes el uso de esta herramienta y acusó que ha perdido su carácter de última instancia.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el jurista afirmó que el sistema político chileno ha entrado en una dinámica en el que el libelo acusatorio es la respuesta inmediata ante cualquier diferencia de gestión.
"Esperaría que después de los últimos 8-9 años, en que ha habido 20 acusaciones, la mayoría de ellas ha sido juzgada de manera bien transversal como acusaciones débiles, uno pudiera decir: pidamos un ejercicio responsable. Que no sea lo primero que se haga cuando alguien tiene una diferencia o una discrepancia", cuestionó el abogado constitucionalista.
Según indicó, "existen maneras para aclarar las dudas que puedan existir sobre las proyecciones de deuda, las proyecciones de déficit. El propio Congreso Nacional puede fiscalizar, puede crear una comisión investigadora, puede citar a los directores de presupuesto".
Zapata citó al exministro Ignacio Briones para ilustrar la gravedad de la situación, indicando que el Congreso suele omitir los pasos intermedios de la fiscalización institucional.
"Lo graficó hace 10 días como 'saltarse varios pueblos'. Y eso es un abuso. No usar la acusación, sino usarla como primera medida, como primera forma de enfrentar un problema", sentenció en Cooperativa.
Finalmente, el jurista arremetió sobre la falta de incentivos para el diálogo y el debate técnico, asegurando que "parece que la única manera de llamar la atención es golpear la mesa. ¿Y cómo? Con una acusación constitucional".
El debate sobre la responsabilidad financiera del Estado ha tomado un cariz judicial con la presentación de la acusación constitucional. Sin embargo, para Zapata existe una confusión peligrosa entre lo que es una diferencia técnica y una infracción legal.
"Cuando veo las normas que cita la acusación, no logro identificar cuál sería la vulneración a una orden. Porque entendámoslo: el Fondo Monetario Internacional o el Consejo Autónomo Fiscal pueden dar recomendaciones... pero no son obligaciones legales", explicó.
Finalmente, el abogado cerró advirtiendo sobre el daño reputacional al Ministerio de Hacienda, una institución que considera un pilar del Estado.
"¿Qué le estamos diciendo al país si alguien dice que el Ministerio de Hacienda chileno maquilla los números? Estamos atacando un Ministerio que a lo largo de los años ha hecho una contribución enorme al funcionamiento de Chile... tiros a la bandada causan un daño institucional muy severo", puntualizó.
