El presidente de la Cámara dijo que el Gobierno no se ha involucrado en la tramitación de la iniciativa que será zanjada este martes.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió en que "no ha habido voluntad" para regular el tema de los extranjeros en el padrón electoral.
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, arremetió este lunes contra el Gobierno, acusándolo de no involucrarse en la tramitación del proyecto que establece las multas para quienes no sufraguen, a pesar de que el voto obligatorio es un mandato constitucional.
El parlamentario de Renovación Nacional (RN) señaló que ha tenido que usar sus "facultades extraordinarias para avanzar con un proyecto que le hace bien a Chile" y llamó al Ejecutivo a "ordenar sus filas" y dejar de lado los "cálculos electorales".
Las declaraciones del opositor aluden al hecho de que el Ejecutivo no ha ingresado indicaciones hasta ahora, y a que no participó en las sesiones de la Comisión de Gobierno, donde el proyecto fue debatido y votado la semana pasada.
La iniciativa, de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), se votará en Sala este martes por la tarde en sesión especial y establece multas de 0,5 a tres UTM (entre 35.000 y 207.000 pesos) para los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas.
Sin embargo, en el caso de los extranjeros, el sufragio en la práctica será voluntario y no se les aplicará multa, ya que la propuesta se enfoca únicamente en los chilenos.
Si bien la fórmula tuvo un amplio respaldo en la votación general, con 83 votos a favor, no se hace cargo del problema de fondo que para el Gobierno es esencial: impedir que los extranjeros definan quién será el próximo Presidente de la República.
El diputado Jaime Araya (PPD), quien rechazó el proyecto en su votación en general, señaló que "en ninguna parte del mundo los extranjeros votan como se está proponiendo aquí en Chile" y advirtió que, "si Chile aprueba el tratamiento que se está dando al voto extranjero, seríamos el hazmerreír en América Latina y en el resto del mundo".
La postura del Ejecutivo, expresada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, es clara: no se oponen a la obligatoriedad del voto, pero insisten en que se debe regular de forma integral el tema de los extranjeros en el padrón electoral.
"Nosotros hemos planteado que el escenario a definir, más allá de esta elección, son quiénes son los integrantes de la comunidad política que deben decidir respecto del futuro del país, y particularmente debemos regular el tema de los extranjeros. Lo que corresponde es que este tema se debata. Aquí se requiere tener una mirada integral y comprenda ambos factores, porque, si no es así, esto no se va a cambiar y este no es un tema irrelevante", indicó el jefe de gabinete esta mañana en El Diario de Cooperativa.
Y agregó: "En mayo del año pasado, la UDI, en el Senado, presentó un proyecto de reforma constitucional para que los extranjeros no pudieran votar en las elecciones de Presidente de la República. Cuando ocurre eso, nosotros dijimos: bueno, generemos un acuerdo que nos permita arribar a un buen entendimiento, y no ha habido hasta ahora voluntad para resolver este tema".
La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, está llevando adelante las conversaciones no solo con diputados, sino también con senadores, para tratar de alcanzar un acuerdo.
Este martes por la tarde, la Cámara Baja realizará una sesión especial para votar en particular el proyecto de ley de la diputada Pérez (Demócratas). Esta iniciativa busca establecer multas que oscilarían entre media y tres UTM (aproximadamente entre 35.000 y 207.000 pesos), a criterio del juez, aplicables exclusivamente a los ciudadanos chilenos.
Aunque la votación está inicialmente prevista para mañana, podría posponerse hasta el 17 de septiembre si un número significativo de diputados se inscribe para hacer uso de la palabra.
Esta posible dilación genera preocupación, ya que el 17 de septiembre es solo unos días antes del inicio oficial de las campañas electorales el 20 de septiembre, lo que añadiría complejidad al escenario político.
Un punto crucial de la discusión es el estatus de los extranjeros. Mientras el proyecto de Pérez solo aplica las multas a ciudadanos chilenos, el Gobierno estaría preparando otro proyecto de reforma constitucional.
Este buscaría modificar los requisitos para que los extranjeros puedan votar en elecciones presidenciales futuras, específicamente a partir de 2029, proponiendo una residencia de al menos 10 años en lugar de los 5 actuales, o incluso su exclusión total de dichas elecciones. Sin embargo, el respaldo político para esta segunda propuesta aún no estaría garantizado.
Frente a esta situación, el diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara, calificó de "triquiñuela discutir dos proyectos en paralelo para evitar que uno caiga o el otro no avance", dado que, en su opinión, eso "nos desvía del foco principal de la preocupación".
"El clientelismo político le ha hecho pésimo a la política. Ha dañado la democracia en Chile, yo en ese sentido no me pierdo ni un minuto. Voto obligatorio y con sanción para quien no vote", cuestionó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) confirmó el respaldo de su bancada al proyecto de Pérez, afirmando que, aunque "no era todo lo que queríamos, eso tiene que ver con también estar abierto a llegar a acuerdos en lo que es posible, de acuerdo a criterios de realidad".
"El voto va a ser obligatorio porque va a tener multa. Y respecto a los extranjeros, no tendrá multa. Nosotros éramos de la idea de que fuera para todos iguales, pero fue lo que se pudo y vamos a respaldar ese proyecto de ley sin ambigüedades al respecto", puntualizó.
