El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco consideró que "políticamente es imposible hacerlo, creo que puede ser un bazucazo muy grande".
Jaime Ruiz-Tagle recordó que todo esto "tiene que pasar por el Congreso y encontrar una mayoría nuevamente".
La promesa de reducir el gasto fiscal se instaló en la carrera presidencial con los anuncios de José Antonio Kast, quien plantea un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses, y de Evelyn Matthei, quien busca disminuir 8.000 millones en cuatro años. Sin embargo, economistas advierten que estas metas son difíciles de concretar sin cambios legales y con un alto costo político.
Ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, remarcó que "no es posible hacer ajustes importantes sin modificar la legislación" y precisó que "para que se recorte el gasto en esa cantidad se requieren reformas legales, no se pueden hacer solo por la vía administrativa".
"En Chile el 85% del gasto público está fijado por ley", puntualizó en Radio Pauta.
Frente a este debate, en El Primer Café de Cooperativa el economista Jaime Ruiz-Tagle subrayó que el diseño del gasto estatal responde a un marco legal que asegura estabilidad.
Ruiz-Tagle explicó que "hay cosas que se pueden hacer y ojalá siempre mejorando el accionar del Estado, pero tampoco es cierto que uno tenga una gran capacidad de reasignar los recursos públicos de manera administrativa a través de los reglamentos sin pasar por el Congreso. Hay un margen y ojalá se ocupe bien y cada administración lo vaya ocupando de la mejor manera posible. Pero es cierto lo que está diciendo el ministro Marcel de que la gran mayoría -más del 80% del gasto- está fijado a través de la ley".
Todo ello, agregó, "tiene que pasar por el Congreso y encontrar una mayoría nuevamente. Entonces, es importante que las leyes le van dando más estabilidad al funcionamiento de la sociedad y en particular a la economía".
Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda, enfatizó que los cálculos de Kast implicarían ajustes de enorme envergadura. Para recaudar 3.000 millones de dólares en un año, explicó, habría que reducir en 15% el gasto en personal del Estado, lo que, a su juicio, es políticamente inviable y socialmente costoso.
En esa línea, Micco remarcó que "políticamente creo que es imposible hacerlo, creo que puede ser un bazucazo muy grande donde uno termina destruyendo quizás cosas que sí funcionan bien, otras funcionan mal, pero otras sí. Creo que es un poco apresurado decir que en un periodo tan corto uno puede hacer un ajuste tan grande".
Además, explicó, "subejecutar infraestructura significaría frenar obras públicas, con efectos negativos en el bienestar y el crecimiento".
"Esto no es tan simple como llegar y decir de la noche a la mañana voy a cortar 6.000 millones de dólares porque eso es un poco populista", añadió.
Desde otra perspectiva, la economista Macarena García (Libertad y Desarrollo) cuestionó la afirmación de Marcel respecto a que más del 80% del gasto está "inmovilizado" por ley.
"Por ejemplo, en el Estado tenemos más de 700 programas, entre sociales y no sociales, y tengo entendido que solo los más grandes están fijados por ley, el resto no. Ahora, yo sé que el resto en general son pocos recursos, pero ahí hay un hoyo de gasto que no es menor, programas que se duplican y que no son por ley", sostuvo.
García añadió que, "por otro lado, cuando yo voy a ver cómo se establece el gasto, cómo se reparte, fíjense que el 20% del gasto público se paga a personal, que no está fijado por ley. No estoy diciendo que hay que echar a la gente, sino que para entender, cuando él dice que esto está fijado por ley, para entender a qué se está refiriendo, porque el 20% es personal".
"Aquí el principal tope no está dado necesariamente por la rigidez del gasto público (...) sino que por la voluntad política de los gobiernos en general, no de este, sino que en general, y del Parlamento", remarcó.
Eugenio Rivera, miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, diferenció los planes entre ambos candidatos por sus horizontes temporales, afirmando que "la propuesta de Kast tiene poco sustento" por plantearlo en apenas 18 meses, mientras la iniciativa de Matthei apunta a cuatro años.
"Esa diferencia temporal es crucial", sostuvo el economista.
Rivera agregó que "cualquiera que ha estado en el sector público sabe que lograr ajustes de este tipo exige negociar con parlamentarios, ministros, gremios y trabajadores. Kast no muestra conciencia de esa complejidad".
