La diputada Joanna Pérez criticó la estrategia que desplegó el Gobierno para forzar una negociación que abordara -junto con la obligatoriedad- el sufragio de los extranjeros.
El debate debería quedar zanjado esta tarde en la Sala de la Cámara Baja.
En El Primer Café, Pérez enfatizó que el Ejecutivo operó "con calculadora en mano".
La diputada Joanna Pérez, de Demócratas, acusó este lunes, en El Primer Café, que el acuerdo para la aprobación de la ley que establece la multa por no votar fue producto de un "chantaje" del oficialismo, liderado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (entonces titular de la Secretaría General de la Presidencia).
"Fue un acuerdo pero en base a un chantaje en que el Gobierno dice: o se quedan sin multas o legislamos en materia del voto extranjero", afirmó la parlamentaria, una de las autoras de las reformas sobre voto obligatorio.
Pérez denunció que el Ejecutivo puso obstáculos a la tramitación de la multa —un mandato de la Constitución desde 2023—, vinculándola in extremis a la reforma que restringe el voto de extranjeros.
La diputada fue enfática al criticar la actuación de Elizalde, contrastándola con la de la actual ministra de la Segpres, Macarena Lobos, a quien describió como "dialogante": "Lamentablemente, no puedo decir lo mismo (del hoy titular del Interior). Ha puesto obstáculos para poder avanzar en esto", afirmó la diputada, quien recordó que el ministro, cuando fue presidente del Senado, se había comprometido a impulsar la Ley Orgánica de la multa, pero luego, como jefe de la Segpres, operó con "calculadora en mano".
"El Gobierno nos chantajeó. Sí, el ministro Elizalde chantajeó. ¿Por qué? Porque dijo: 'No, yo no estoy disponible para que los extranjeros voten y menos que se apruebe el proyecto para que los electores voten'", indicó.
Pérez explicó que, ante esta situación, optaron por desempolvar un proyecto propio que hablaba de "ciudadanos" en lugar de "electores" (que incluye a los extranjeros) para así forzar la votación de la multa.
"Elizalde nos dijo: 'Es que ustedes, la Cámara, no se pueden quedar con todo. Ustedes sacan la reforma y nosotros la Ley Orgánica para que compartamos este trabajo'. Y yo confié. Entonces, lo que hicimos fue volver a sacar nuestro proyecto y dijimos: 'Mire, nuestro proyecto aquí está y, por último, si usted no quiere aplicarles la multa a los extranjeros, nuestro proyecto no se las aplica, porque habla de ciudadanos', y repusimos nuestro proyecto", declaró la diputada.
"Desde la oposición le dijimos: 'Mire, ¿sabe qué? Si vamos a implementar, okay, estamos disponibles y avancemos en esto otro', porque lo más irrisorio, vergonzoso y es un hazmerreír es que nuestra Constitución hoy día diga que Chile tiene un voto obligatorio, pero no existe una multa. Eso es ridículo de un país", expuso.
A pesar de las dificultades y los posibles "descuelgues" dentro del propio oficialismo, Pérez manifestó su confianza en que el proyecto que establece la multa finalmente será aprobado en la Sala de la Cámara: "Yo confío, confío en la buena política. Soy demócrata y creo que la Sala debería contar con los votos hoy día".
"Más allá de los descuelgues que han estado obstaculizando estos proyectos hace rato, de igual manera vamos a contar con los votos suficientes, porque hemos llegado a un acuerdo con el oficialismo para sacar adelante no solo la multa; también es una reforma constitucional para establecer requisitos a los migrantes", sostuvo.
La Cámara de Diputadas y Diputados tiene previsto votar y, posiblemente, despachar esta noche los dos proyectos de ley que buscan regular las próximas elecciones: la multa por no sufragar y los nuevos requisitos de residencia para los extranjeros que deseen votar.
La decisión de postergar el trámite, que pudo haberse dado antes de Fiestas Patrias, se debió a la necesidad de asegurar los altos quórums que requieren ambas normas.
Las votaciones están programadas para alrededor de las 20:00 horas.
La sanción propuesta oscila entre 0,5 y 1,5 UTM, lo que equivale a poco más de 100.000 pesos, con excepciones para enfermos, personas a más de 200 kilómetros de su local de votación, quienes cumplan labores electorales y personas con discapacidad.
El presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (Renovación Nacional), se mostró confiado: "Aquí estamos poniendo todas las fichas en que vamos a poder lograr este objetivo, de manera de que la Constitución se haga realidad en lo que mandata, una ley con voto obligatorio".
Por su parte, el diputado Alberto Undurraga, de la Democracia Cristiana, afirmó que "el voto obligatorio le hace bien a la democracia, porque aumenta la participación".
En contraste, su par Jaime Naranjo (exPS) expresó preocupación por el posible aumento de "votos nulos o en blanco", interpretándolo como un "rechazo a esta mala costumbre que estamos teniendo los políticos de cambiar reiteradamente las reglas del juego en los procesos electorales".
Mientras que la diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó el deseo de que la decisión sobre el voto sea permanente y que las elecciones de noviembre sean "una verdadera fiesta de la democracia".
Por otro lado, la reforma constitucional que afecta a los votantes extranjeros entraría en vigencia desde las elecciones posteriores a las de este año (concretamente, las de 2028).
La reforma aumenta los requisitos de residencia de los actuales cinco años a un mínimo de 10 años para que un extranjero pueda votar.
La redacción del texto deja abierta la opción a que el legislador defina posteriormente si el voto de extranjeros se limitará a las elecciones municipales y regionales, o si se extenderá también a las parlamentarias y presidenciales.
Frente a esta discusión, el diputado republicano Luis Sánchez dijo esperar que "estos patriotas que han aparecido ahora, que se oponen tanto a la inmigración en nuestro país, que estamos hablando por lo demás de inmigrantes que entraron por la puerta, no los que entraron por la ventana, después no se opongan con su voto cuando discutamos quitarle la priorización que hoy tienen los inmigrantes ilegales para acceder a beneficios sociales".
En respuesta el parlamentario Héctor Ulloa (Ind-PPD) cuestionó a sus pares de "ultraderecha", acusando que en muchas oportunidades dijeron "no queremos migrantes que ocupen nuestras salas de clases, nuestras, nuestras postas, nuestros consultorios".
Pese a esto, ahora les dicen "por favor, migrantes, quédense a votar el 16 de noviembre (...) 800.000 personas extranjeras pueden decidir el curso de esta elección, respecto de los cuales los supuestos patriotas no dicen absolutamente nada".
La votación de esta noche requiere quórums exigentes: el proyecto sobre las multas necesita 76 votos favorables, mientras que, por ser una reforma constitucional, el cambio en los requisitos para el voto extranjero requiere el respaldo de 87 diputados.
De ser aprobadas, ambas normas despacharían el proceso legislativo, cerrando un largo y controvertido debate sobre el futuro de la participación electoral en Chile.
Desde el oficialismo, el diputado Ulloa expresó su disconformidad: "No nos parece oportuno estar legislando a última hora en un proceso electoral que ya se encuentra iniciado y en marcha. Creemos que el monto de la multa aún sigue siendo alto", criticó.
Ulloa también manifestó su oposición "tajante y rotunda" a que "más de 880.000 extranjeros" que "no tienen un arraigo emocional mínimo" puedan determinar la elección.
