Seguridad y economía: Los ejes que tuvo el segundo debate de los 8 candidatos presidenciales
El foro televisivo se realizó a tres semanas de la elección del 16 de noviembre.
El foro televisivo se realizó a tres semanas de la elección del 16 de noviembre.
Este domingo 26 de octubre se realizó el segundo debate presidencial que reunió a los 8 candidatos a La Moneda, y nuevamente fue en un canal de televisión.
Después del foro del 10 de septiembre en Chilevisión, esta jornada fue Canal 13 el que logró reunir a Franco Parisi (Partido de la Gente), Jeannette Jara (bloque Unidad por Chile), Marco Enríquez-Ominami (independiente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), José Antonio Kast (bloque Republicano-Social Cristianos), Eduardo Artés (independiente), Evelyn Matthei (bloque Chile Grande y Unido) y Harold Mayne-Nicholls (independiente).
El debate tuvo tres bloques: minuto inicial para cada candidato, segmentos temáticos en que responderán preguntas y luego un espacio para preguntas cruzadas, con interacciones ya sorteadas.
La seguridad pública, el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración irregular emergen como los temas de mayor preocupación para los ciudadanos chilenos. Este escenario fue el telón de fondo para un intenso debate entre los candidatos presidenciales, quienes presentaron sus visiones y propuestas para enfrentar la compleja realidad nacional en materia de seguridad.
Respecto a esta materia, Jara enfatizó que no debe ser un tema polarizado políticamente, declarando que, "al contrario de lo que algunos creen, no creo que el tema de la seguridad pública sea un tema de derecha o de izquierda, es un derecho de las personas poder vivir tranquila y dormir tranquila".
Frente a esto, mostró su respaldo a la propuesta de reforma constitucional para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera.
Por su parte, Kast centró su intervención en la problemática de la inmigración irregular, reiterando su postura de mano dura. Ante la pregunta sobre qué haría con los más de 300.000 inmigrantes ilegales ya presentes en Chile, llamó a "no dar ninguna señal adicional para que más personas lleguen" y descartó cualquier tipo de regularización masiva, proponiendo un plan de "invitación a abandonar el país".
En tanto, Kaiser abordó la situación de "narcoterrorismo" en zonas específicas del país y su propuesta de restablecer el estado de derecho. Al ser cuestionado sobre si Chile enfrenta una "guerra interna", argumentó que si existen "grupos armados con pretensión territorial" donde la fuerza pública no puede entrar, se puede considerar una resistencia "armada y bastante más organizada que solamente lo que haría un grupo de bandidos".
Su principal propuesta para combatir esta situación pasa por una reforma judicial, con un cambio en la designación de jueces.
Mayne-Nicholls, por su parte, se centró en las "urgencias ciudadanas" en seguridad, con dos ejes principales: el aumento de la dotación de Carabineros y la colaboración con las policías municipales, aunque mostró su rechazo a que estos últimos estén armados: "Me parece muy arriesgado para la seguridad pública (...) podemos terminar lamentando muchas tragedias".
En una postura diferente, Parisi propuso la creación de una policía municipal armada, aunque con un enfoque inicial en armas no letales. "En un comienzo, armas no letales, como las Taser. Yo he vivido en otros países donde sí existen"
Mientras que Artés afirmó su intención de participar en movilizaciones si sale otro candidato como mandatario: "Soy un trabajador de la educación, y si eventualmente no estoy yo de presidente, voy a salir con los míos".
Matthei abordó su postura frente a la infraestructura carcelaria, proponiendo construir cinco cárceles, tres de ellas de alta seguridad. Incluyó la condición de que "no pueden estar en Santiago (...) por eso que las cárceles de alta seguridad las vamos a construir en el desierto".
Finalmente, Enríquez-Ominami propuso para Carabineros un trabajo centralizado en la profesionalización y la capacitación: "Yo propongo lo que hace la Policía Española, que es darles más profesionales, armas eléctricas, profesionalizarlos".
En cuanto a la materia económica, Kast reiteró que en un eventual gobierno no cortarán "ningún beneficio social que hoy exista". El republicano explicó que su estrategia para reducir el gasto público y liberar recursos se centra en dos grandes áreas: los ajustes del Estado y los ajustes legislativos, proyectando ahorros de 3.000 millones de dólares en cada una.
Por su parte, Enríquez-Ominami propuso la creación de una oficina dedicada a reducir drásticamente los plazos para la aprobación de proyectos, que actualmente pueden extenderse por años.
Mientras que Matthei explicó que su programa incluirá "una mezcla de gratuidad para las personas que cumplen con la ley hoy, pero al mismo tiempo créditos sin banca con tasas de interés con garantías del Estado, de tal manera que las tasas de interés sean mucho más bajas".
Al ser consultada sobre otros posibles recortes en programas públicos, la carta de Chile Vamos mencionó la revisión de partidas que considera ineficientes o ligadas a "pitutos políticos".
Mayne-Nicholls, en tanto, reconoció el desafío de las familias para llegar a fin de mes. Para contrarrestar esta situación, su programa se enfoca en tres pilares: mayor inversión, la eliminación de la "permisología" y la promoción de sueldos dignos.
El tema también fue abordado por el candidato Artés, quien detalló una propuesta radical para la economía chilena, centrada en la fijación de precios y la renacionalización de los recursos naturales.
Franco Parisi, candidato presidencial del PDG, detalló en el debate una propuesta para abordar el endeudamiento de las familias chilenas, que incluye el retiro de fondos previsionales y la renegociación de deudas con la banca.
En tanto, Kaiser propuso que "a una madre que tenga un hijo se le pague el 50% sobre la PGU que existe en este momento de base. Dos hijos, 75%. Tres hijos, 100%, es decir, doble PGU". La carta libertaria justificó esta medida por el "problema dramático en materia de reemplazo poblacional" que enfrenta Chile.
Finalmente, Jara presentó una propuesta para aliviar el bolsillo de los chilenos frente al costo de la electricidad, prometiendo una rebaja del 20% en las boletas de la luz y la implementación de un "consumo eléctrico vital" para todos los hogares.