El presidente del PPD, Jaime Quintana, criticó en El Primer Café el protocolo de acuerdo alcanzado por los ministerios de Hacienda y Trabajo con la mesa del sector público, que ha sido interpretado por la oposición como un intento de "amarre" de funcionarios públicos leales a Gabriel Boric, para limitar la capacidad de José Antonio Kast de sacarlos del Estado.
"Hasta el día de hoy, conmigo no ha conversado nadie del Ejecutivo por este tema", confesó el timonel en Cooperativa: "Nadie nos ha informado nada, y entiendo que eso les ha pasado también a otros presidentes de partido", explicó.
El senador afirmó que la preocupación de los trabajadores del sector público "no es una cosa antojadiza": que el afán por endurecer las vías de remoción "surge de los (propios) gremios y tiene que ver con amenazas que se han proferido por parte de la candidatura que ganó, que hoy es el Presidente electo".
"Ante esos temores surge esta (búsqueda de) protección del empleo". Sin embargo, indicó: "(El acuerdo) no me gusta, creo que se ha presentado mal y que tiene pocas posibilidades (de prosperar)".
El protocolo aborda la situación de las contratas en el Estado, pero "para las personas a contrata ya hay un estándar, que es el que ha fijado la Contraloría hasta una cierta cantidad de años (tres años), y (también) la Corte Suprema. Entonces (lo ahora resuelto) parece innecesario, se ve mal, y yo dificulto también que tenga los votos" para ser aprobado en el Parlamento, insistió.
"Yo creo que el mecanismo que se ha escogido no es el mejor, y creo que el Gobierno también pudo haber hecho una mejor vocería de esto", profundizó Quintana.
"Malo para ambos lados"
El expresidente del Senado opinó que este asunto "podría haber sido parte de la conversación (de Gabriel Boric) con el Presidente electo en La Moneda hace algunos días", pero "al parecer no fue".
Si bien "los gremios tienen un punto en esto (dadas las posturas de Kast en campaña), la manera en que se ha presentado parece una provocación para la actual oposición".
De allí "que la UDI haya amenazado con una acusación constitucional contra (el ministro Nicolás) Grau", generando la consecuente "reacción en lo que va a ser la nueva oposición": el mundo de la centroizquierda.
En definitiva, "esto es partir mal para ambos lados, y por lo mismo, yo espero que se resuelva pronto, pasaditas las fiestas", sentenció Quintana en Cooperativa.
RN: "Podría ser inconducente"
Aunque los demás sectores de la oposición coinciden en la crítica de fondo a la cuestionada normativa, el diputado Frank Sauerbaum (RN) enfatizó que el Gobierno "tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional, que pudiera ser eventualmente inconducente porque al ministro (Grau) le quedan un par de meses en el cargo".
"Nosotros creemos que el Gobierno tiene que evaluar otras situaciones que se van a derivar de la presentación de esta norma", indicó el parlamentario de Chile Vamos.
Por su parte, el diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) señaló: "Es muy importante para Chile que en la nueva etapa que comienza los partidos de Gobierno estemos coordinados. Por eso, nuestras primeras conversaciones con otros diputados y partidos en el tema del 'amarre' tienen que ser para, primero, conseguirse los votos para rechazar ese amarre en sala. Es ahí donde realmente nos jugamos nuestro liderazgo".
Un intento de la UDI por "diferenciarse" de Republicanos, según diputados oficialistas
Desde el oficialismo en la Cámara Baja, el diputado socialista Daniel Melo planteó que la amenaza de la UDI "parece responder más a un intento de la UDI por diferenciarse dentro de las derechas que a una convicción real, y además carece de todo fundamento".
En la misma línea, su par radical Rubén Oyarzo señaló que "uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que pueda adoptar un ministro en el marco de una negociación política, pero todo eso forma parte del debate político y parece que la UDI, en su intento de sobrevivir y no ser ahogada por los republicanos, está dispuesta a mal utilizar las herramientas de fiscalización".
Mientras, el diputado electo Juan Marcelo Valenzuela, futuro jefe de bancada del Partido de la Gente, opinó que "el Gobierno se equivoca cuando a último minuto, antes de que se termine su Gobierno, intenta pasar una ley de amarre. Ahora, eso no necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta fue mal utilizada por los partidos políticos tradicionales, sobre todo cuando esta es una ley que en el Congreso debería resolverse, dado que tiene un rechazo transversal".
Gobierno: Todos los funcionarios de confianza cesan el 11 de marzo
Finalmente, por parte del Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que "los funcionarios que ingresaron a trabajar en el Gobierno en cargos de confianza por adherir al programa del Presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo".
Además, cuestionó la cifra de posibles beneficiados por la norma sobre funcionarios a contrata, que un informe del centro de estudios Horizontal, ligado a Evópoli, fijó en cerca de 33 000.
"Hay una diferencia respecto de quienes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los servicios educacionales o locales de educación. por tanto, ahí es donde se ha planteado que las cifras son distintas", indicó el jefe de gabinete.
