La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau enfrenta un escenario cuesta arriba para ser aprobada en la Sala del Senado, producto de inhabilitaciones y ausencias de parlamentarios oficialistas.
El libelo se votará el martes y necesita el visto bueno de 26 senadores para que sea aprobada. Sin embargo, el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke se inhabilitó de la votación, ya que -según posteó en sus redes- "el show de las acusaciones constitucionales como arma contingente debe terminar".
"Malversar instrumentos constitucionales daña al país. La ineptitud no es infracción constitucional. Esto no distingue sector político. Seriedad y sensatez deben imperar en el Congreso", exhortó.
A esto se suma la puesta en duda de los votos de los senadores de Demócratas Matías Walker y Miguel Ángel Calisto; y la futura ausencia del RN Manuel José Ossandón, que acompañará al Presidente Kast en su viaje a Paraguay.
Libelo se debilita ante el apoyo tranversal a elevar requisitos para presentar acusaciones
El reflejo más concreto de las dispares posturas que existen al interior del oficialismo sobre la AC contra Grau corresponde al proyecto de ley que ingresaron diputados de distintos sectores políticos con el fin de elevar los requisitos a la hora de presentar y tramitar un libelo.
"Hoy día se ha ido tomando conciencia que continuar en esta guerra permanente entre sectores políticos, en último término a quien perjudica es a Chile", dijo el diputado RN Diego Schalper, que votó en contra de la acusación cuando fue tramitada en la Sala de la Cámara Baja.
"Valoro mucho que distintos sectores hayan decidido sumarse a esta iniciativa y, por supuesto, después de la semana regional vamos a empeñarnos en que esto salga adelante", afirmó.
En la misma línea, el diputado PS Raúl Leiva defendió que la iniciativa "se hace cargo de una problemática que se arrastra desde varios gobiernos, que es este loop de acusaciones constitucionales, donde un bajo número y sin muchos requisitos de diputados puede intentar acusaciones constitucionales que distraen la labor legislativa y polarizan el desarrollo del trabajo en el Congreso".
La senadora y timonel socialista, Paulina Vodanovic, añadió que "la acusación constitucional es una herramienta que tiene que tener fundamento claro, grave y plausible".
"Una decena (de firmas) de diputados (que se necesita para impulsar libelos) es poco para efectos de la sanción que lleva aparejada esta acusación constitucional. Creo que hay que revisar el sistema de manera que realmente lo dejemos como decimos los abogados: de última ratio", sostuvo.
Por último, el senador UDI Javier Macaya instaló un matiz al decir que "hay una diferencia respecto a cómo evalúa el Senado y la Cámara de Diputados las AC. Nosotros actuamos como jurado, (aunque) obviamente hay que revisar el mérito constitucional y si hay eventuales infracciones".
"Evidentemente, tengo una crítica muy profunda -y lo he dicho-, del manejo fiscal del Gobierno anterior y de la irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos", reiteró, aunque aclaró que esa postura "no es a propósito de la acusación", que no ha revisado "todavía en detalle".
