La UDI despejó sus reparos a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno luego del comité político ampliado de este lunes, tras una jornada marcada por cuestionamientos desde el propio oficialismo sobre el contenido y la fórmula jurídica de la iniciativa.
En los días previos, el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, advirtió que su partido no respaldaría el proyecto tal como estaba planteado, porque consideraba que algunas materias debían regularse por ley y no quedar directamente en la Constitución.
Tras reunirse con el Ejecutivo, el diputado afirmó que esas dudas quedaron resueltas. "Salgo muy contento de este comité político. Nosotros teníamos ciertas aprehensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando", señaló.
Ramírez agregó que la UDI quedó "tranquila" después de las conversaciones y proyectó que la propuesta "va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras", destacando además la disposición al diálogo del ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Restricciones entregadas a una ley especial
En paralelo, una nueva versión del borrador mantiene la intención del Gobierno de realizar una reforma constitucional, aunque modifica la forma en que se abordarían las restricciones para personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo.
El ministro Arrau explicó que la propuesta, "va a incorporar la posibilidad de que, a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo tengan algunas inhabilidades particulares, no generales".
Arrau agregó que la discusión se concentrará en "algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos", descartando que la reforma constitucional establezca directamente restricciones generales sobre esas prestaciones.
"La regulación de las limitaciones quedará entregada a una ley especial", precisó el ministro Martín Arrau sobre el acceso a beneficios estatales. (FOTO: ATON)
Los cuestionamientos de la oposición
Pese a este cierre de filas, desde la oposición cuestionaron la fragilidad de la unidad oficialista. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fue tajante al señalar que el Gobierno está sufriendo el "karma" por su propio trato hacia otros sectores políticos.
"Con la megarreforma quisieron dividir a la oposición, no lo lograron, y con esta reforma, que se suponía que era muestra de la más amplia unidad de la derecha, lo que vemos es una fragmentación de las derechas, que se han sacado las caretas", arremetió la senadora.
Según la legisladora, con este caso se ve que "no hay una posición común frente a un tema que es de absoluta necesidad y urgencia para los chilenos y chilenas. Tal vez esto explica que tuvieron que quedarse con las propuestas de seguridad del Presidente Boric".
La senadora Paulina Vodanovic (PS) calificó el episodio como un "karma" para la administración de José Antonio Kast. (FOTO: ATON)
Mientras el presidente del PPD, Raúl Soto, llamó a abrir conversaciones con Chile Vamos para intentar construir un acuerdo más transversal en seguridad.
"Queremos conversar con Guillermo Ramírez, queremos conversar con Andrea Valladares de Renovación Nacional, con el senador Cruz-Coke y con todos quienes (...) estén de acuerdo en que tenemos que avanzar en seguridad pero resguardando las reglas de nuestra democracia", sostuvo el legislador.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Ejecutivo entra en una fase decisiva. Tras el análisis de diversos borradores, el Gobierno definió los ejes de la reforma constitucional que será presentada este martes ante la Cámara Alta, buscando dotar al Estado de herramientas permanentes para enfrentar a las organizaciones criminales de alta complejidad.
El proyecto contempla modificaciones estructurales, entre las que destaca la incorporación del artículo 9 bis. Este apartado establecerá el deber constitucional del Estado de resguardar la seguridad pública de forma permanente.
Asimismo, se faculta a Gendarmería para aplicar regímenes penitenciarios especiales y diferenciados, destinados a condenados por terrorismo y crimen organizado, con el fin de evitar que las cárceles operen como centros de mando delictual.
