Una actualización en la metodología para medir la pobreza en Chile, propuesta por una comisión asesora presidencial, podría generar un salto significativo en la tasa de personas que se consideran bajo la línea de la pobreza en el país.
Según el informe final de esta instancia, adoptar nuevos criterios ajustados al desarrollo económico reciente elevaría el porcentaje desde el 6,5% actual a un 22,3%.
Más de un quinto de la población chilena percibiría ingresos por debajo de esta nueva línea de pobreza, si se adoptan los parámetros alineados con el desarrollo económico de la última década, los patrones de consumo y el acceso a servicios, factores que ameritan un estándar más exigente para el indicador, señala la comisión.
Este grupo, liderado por el economista Osvaldo Larrañaga, entregó ayer un documento de más de 130 páginas al Presidente Gabriel Boric. El informe contiene una serie de recomendaciones para incorporar en los cálculos de la próxima encuesta Casen 2024, cuyos resultados se darán a conocer en enero de 2025.
Aunque la información aún está en proceso de evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Larrañaga adelantó que "por lo general cuando los países actualizan su pobreza, la valla se hace más exigente".
Esto se debe a que, a medida que un país progresa, "se hacen más exigentes los mínimos sociales que la población entiende que deben satisfacerse para que las personas vivan una vida digna en lo material", explicó.
La Comisión Experta Asesora Presidencial para la actualización de la Medición de la Pobreza inició sus funciones en enero de 2024 con carácter autónomo y transversal. Su objetivo ha sido elaborar recomendaciones metodológicas para la medición de pobreza, tanto por ingresos como multidimensional, buscando generar mejores políticas públicas.
Detalles del informe
El informe explica que el criterio actual, que usa como referencia el primer quintil móvil basado en el requerimiento de 2.000 calorías diarias por persona, pierde validez en países de ingresos medios altos como Chile.
La comisión argumenta que en Chile no existe un déficit calórico generalizado, sino más bien un exceso asociado a la ingesta de alimentos de mala calidad nutricional. Esto implica que un aumento de ingresos no se traduce automáticamente en una caída de la tasa de pobreza debido a la calidad de los alimentos consumidos, lo que el criterio actual no captura adecuadamente.
Otro punto crítico abordado por la instancia es la subestimación del costo de la vivienda en la línea de pobreza, particularmente en lo relativo a los arriendos. Se señala que el "alquiler imputado" (el valor teórico del arriendo para dueños) no se ha reajustado de forma adecuada, contribuyendo a esta subestimación.
Adicionalmente, se indicó que la metodología actual no reconoce como pobres monetarios a hogares con ingresos insuficientes para cubrir una canasta básica de alimentos y bienes de primera necesidad.
El informe final no sólo presenta nuevos datos, sino que también incluye recomendaciones para una medición más precisa y un enfoque de política pública más efectivo:
- Adoptar un concepto de alimentación saludable.
- Reducir a la mitad el consumo de alimentos ultra procesados, evitando que ese gasto se redirija a otros productos de la canasta básica.
- No considerar el alquiler imputado en los ingresos ni en la línea de la pobreza.
- Operar con dos líneas de pobreza separadas: una para hogares arrendatarios y otra para quienes no lo son.
- Que el reajuste del precio del arriendo se base en su evolución específica, en lugar de usar el IPC general.
La postura del Gobierno
La entrega del informe al mandatario se realizó en una audiencia donde estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete.
La ministra Toro afirmó que "cuando un país progresa, también tiene que evolucionar y ser más exigente en los instrumentos de medición: cómo nos medimos, cómo medimos nuestra pobreza, nuestra desigualdad".
Recordó que la metodología vigente desde 2013 recomendó una actualización cada diez años, proceso que el actual Gobierno está llevando a cabo a través de esta comisión técnica.
Aplicando los cambios metodológicos, nuevos criterios y fuentes de información que recomienda la Comisión, la tasa de pobreza nacional revelada por la última encuesta Casen (2022) sería de 22,3%, más que triplicando el 6,5% que se constató con la fórmula actual.
Este ajuste al alza también se observaría en mediciones anteriores, como las de 2020 y 2017, de forma similar a lo ocurrido con el último ajuste metodológico de 2013, que elevó la tasa de ese año desde 7,8% hasta 14,4%.
El informe de recomendaciones es analizado en detalle por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para definir qué elementos se recogerán en los próximos cálculos oficiales.
