Tras el asesinato de un guardia forestal en Victoria el domingo pasado, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó en el Diario de Cooperativa un cambio en el patrón delictual en la Macrozona Sur: los atentados incendiarios y el robo de madera han dado paso a extorsiones.
Según el gremio de contratistas forestales, esta mutación delictual ya era evidente. En Cooperativa, René Muñoz, gerente de Acoforag, advirtió que "muchas de las bajas en las estadísticas están, en el fondo, bajo el paraguas de una extorsión. Hoy día es más fácil extorsionar que someterse a un atentado".
Ahora, Garrido confirmó que "hemos detectado que ante la baja de incidencia de acciones violentas y de sustracción de madera, ha mutado el fenómeno delictual, incrementando la extorsión".
El fiscal puntualizó que esta modalidad ya no exige directamente pagos; se ha sofisticado: "Hoy día incluso se disfraza a través de trabajos que se realizan, lo que no ocurría antes. Como tuvimos también varios condenados por extorsión, ha tomado otro carácter".
Además, advirtió la complejidad de perseguir este tipo de delitos: "Es un actuar de difícil denuncia, difícil de determinar y de detener, pues produce un efecto expansivo: cuando un propietario accede, va presionando a vecinos a actuar de la misma manera".
Ley Antiterrorista
Consultado sobre si la arista terrorista está siendo considerada, Garrido fue categórico: la Fiscalía no ha descartado aplicar la Ley Antiterrorista, pero requiere antecedentes sólidos para respaldarla jurídicamente.
"No hemos descartado la calificación jurídica de terroristas hasta que no tengamos antecedentes que nos permitan saber quiénes son las personas que participaron e indagar más con las motivaciones que lo llevaron a cometer una acción de esta clase", explicó.
Además, el persecutor aclaró que no hay ningún grupo identificado ni reivindicaciones, lo que impone cautela: "Uno puede tener hipótesis, pero lo importante es acreditarlas y luego, sobre la base de la evidencia, discutir la calificación jurídica".
Garrido precisó que no se descarta ninguna línea investigativa: desde un intento de robo de la camioneta en que se desplazaban los guardias, hasta acciones de presión hacia empresas forestales o un ataque directo a los trabajadores de seguridad.
También recordó que en los últimos meses se habían producido hechos vinculados a daños a vehículos y maquinaria forestal en la zona, aunque sin denuncias formales de extorsión en términos directos de "páguennos o los atacamos".
"Por el momento no hay ninguna persona identificada", agregó, recordando que la investigación está declarada secreta.
