El Ministerio Público inició una investigación contra un funcionario de Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) -también conocido como la "Tía Rica"- que, mientras se encontraba en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio desde 2023, habría presentado un total de 11 licencias médicas de forma irregular.
El caso salió a la luz tras la revelación de que este individuo, ya condenado a cinco años y un día de presidio por abuso sexual de una menor de 14 años, continuó realizando estas acciones desde su reclusión.
Respecto a este proceso investigativo, la directora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), Valeria Céspedes, explicó que una vez que la Dicrep puso a disposición los antecedentes del caso, el organismo regional de Tarapacá "realizó el rechazo de todas estas licencias médicas", las que fueron emitidas entre abril de 2023 y febrero de 2024.
Además del rechazo de las licencias, se abrieron sumarios administrativos tanto al interior del Servicio como en el Compin.
En paralelo, se presentó una denuncia ante la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y ante la justicia para investigar la causa penal de esta red de fraude.
El modus operandi
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, informó que el Ministerio Público está investigando el caso junto a la PDI y detalló el modus operandi del imputado: "Estando privado de libertad por el delito de abuso sexual en contra de menor de 14 años, (el sujeto) solicitó al menos 11 licencias médicas: algunas de Santiago, otras de San Fernando, y así hemos visto que obtenía licencia de forma telemática, sin contar con los resguardos respectivos", explicó.
La investigación logró identificar a nueve médicos involucrados en la emisión de estas licencias al funcionario. De ellos, tres son de nacionalidad chilena, tres colombianos, un argentino, un venezolano y un ecuatoriano, quienes ahora están siendo investigados por la fiscalía por su participación en la emisión de estos documentos fraudulentos.
"Uno de los médicos (involucrados) señaló que que no puede dar por acreditado que la persona correspondía efectivamente a quien le otorgó la licencia. ¿Por qué? Porque el modus operandis era hacerlo vía online", complementó la persecutora.
La fiscal puntualizó que el perjuicio fiscal del caso supera los 12 millones de pesos y adelantó que el imputado será formalizado por el delito de uso fraudulento de licencia médica.
