La abogada Jeanette Bruna, representante de la familia del empresario Alejandro Correa -asesinado en 2020 tras denunciar la usurpación de su terreno en Quilpué-, cuestionó duramente en Radio Cooperativa el rol del Estado frente a la ocupación y el inminente proceso de demolición de las viviendas levantadas en el lugar.
"El Estado no tiene programa, está en deuda desde hace mucho tiempo con protocolos para prevenir tomas y para desalojarlas desde el inicio, porque el Gobierno se acostumbró a esperar sentencias o resoluciones administrativas para proceder a desalojar tomas. Y si no existía sentencia, no hacían nada pese a que tienen un deber legal de hacerlo", cuestionó la jurista en conversación con El Diario de Cooperativa.
"Se ha transformado en un Estado fallido en materia de usurpación de terrenos y construcción de ciudades, porque ha tomado palco. Toma palco también por un tema ideológico de romantización de las tomas y de los campamentos", agregó.
En ese sentido, la abogada profundizó su crítica: "Con cada discurso, cuando nos vuelven a decir 'la familia Correa debe desalojar', como si en Chile existiera la autotutela, por supuesto que es una revictimización constante. Ellas (la familia de Correa) son muy resilientes, pero están agotadas también y por lo tanto ven que hoy día, al fin, tienen la esperanza de que este calvario se termine".
Demolición se ejecutaría el 29 de septiembre
Según Bruna, recién esta semana se adjudicó a la empresa Río Grande la ejecución de la demolición, trámite que llevaba más de cinco años pendiente. El contrato ya fue firmado y, de acuerdo a lo programado, la entrega del terreno a la empresa podría concretarse el próximo lunes 29 de septiembre.
Respecto a la polémica sobre si se trata de un "desalojo" o una "demolición", la abogada explicó que la resolución de la Seremi de Vivienda de 2021 establece la demolición con fuerza pública, lo que incluye el retiro de las familias que permanezcan en el lugar. "Es una sanción administrativa mucho más gravosa que un simple desalojo", recalcó.
En paralelo, Bruna solicitó por ley de lobby una audiencia con el fiscal nacional para que se designe un persecutor exclusivo o se dicten instrucciones a Carabineros para aplicar la Ley de Usurpaciones en caso de que algunas de las cerca de 120 familias identificadas se resistan a abandonar el predio.
"No queremos enfrentamientos, pero sí que se cumpla la ley. El delito de flagrancia está configurado si las personas se quedan", sostuvo.
La abogada adelantó que la familia Correa planea invertir en un cierre perimetral para evitar nuevas ocupaciones y no descarta entregar el terreno en comodato temporal a la Municipalidad de Quilpué, con miras a proyectos sociales o incluso la instalación de un cuartel policial.
Montes: "Puede ocurrir cualquier cosa, por eso queremos que no haya desalojo"
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, manifestó su preocupación por la inminente demolición del terreno: "Puede ocurrir cualquier cosa, por eso es que no queremos que haya desalojo, tratamos que no haya desalojo y buscamos alternativas", señaló.
"En el Cerro San Antonio estamos tratando de hacer ver a los dueños que tienen que ponerse de acuerdo con los pobladores y buscar una solución. Se han propuesto ideas, pero no se ha logrado", explicó el secretario de Estado.
"Hemos estado muchas horas dedicados a eso como Estado, tratando de ponerlos de acuerdo, porque sabemos los efectos humanitarios que puede tener y los daños que puede provocar un desalojo, por lo que se buscan soluciones", reflexionó.
Montes también reconoció que el Estado "no ha logrado construir una solución que permita que muchas familias tengan vivienda de acuerdo a sus necesidades".
"Esto es algo que estamos tratando de enfrentar de distintas maneras, por eso tenemos un Plan de Emergencia Habitacional, por eso se van haciendo distintas cosas, pero son cuestiones que el Estado tiene que asumir con mucho mayor eficacia, sobre todo cuando tiene el recurso", concluyó.
